Por Gonzalo Fernández Montagne
El siguiente es un artículo escrito por una autoridad policial que me han remitido, y por lo que entiendo, ha preferido mantenerse en el anonimato. Al final me he permitido hacer un comentario que comparto con ustedes.
NADIE DEFIENDE AL POLICÍA
Cuando la policía interviene para restablecer el orden y se produce una muerte, el ministro del interior y el poder ejecutivo se asustan, y disponen sin previa investigación el relevo de los comandos intermedios, procurando quedar bien con la opinión pública. El periodismo con el afán de vender la noticia agranda los hechos y busca responsabilizar a los policías que intervinieron.
Si muere un policía no es noticia, si muere un civil si es noticia, porque lo politizan y un gobierno débil es temeroso.
Nadie tiene en cuenta que el policía es una autoridad y quien altera el orden es un infractor de la ley, el policía debe mantener el orden y los derechos de las personas, evitando que el accionar de unos afecte a otros, por lo tanto puede hacer uso de las armas que porta de, acuerdo a ley y según las circunstancias.
La autoridad política pregona que se da órdenes de no portar armas para desbloquear carreteras, y no tiene en cuenta que el policía puede ser atacado con piedras u otros objetos que pueden causarle la muerte, o que el número de los infractores supera a los efectivos policiales, poniendo en riesgo su integridad física o su vida, debiendo defenderse con escudos y bombas lacrimógenas que son insuficientes.
La constitución política del Perú en el artículo 168 dice: “las leyes y los reglamentos respectivos determinan entre otros la preparación, el efectivo y el empleo de las FFAA y la PNP”.
La autoridad política no tiene atribuciones para cambiar el espíritu de esta disposición constitucional.
El dl. 1148 art. 2 dice: la PNP es una institución del estado, dependiente del ministerio del interior, con autonomía administrativa y operativa.
Sus integrantes representan la autoridad, el cumplimiento de la ley, el orden y la seguridad en toda la república.
Art. 11 numeral 7 dice: poseer, portar y usar armas de fuego, de conformidad con la constitución y la ley.
No hay lugar para que la autoridad política actúe por encima de la ley, prohibiendo portar armas al policía.
Para el policía pareciera que no hay derechos humanos, no acciona el defensor del pueblo, menos el defensor del policía, sin embargo en el art. 13 del Dl. antes mencionado, dice, derechos del personal policial, numeral 1, respeto y consideraciones que su autoridad le otorga.
Numeral 2, no acatar disposiciones que constituyen una manifiesta violación a la constitución y las leyes.
Numeral 14, respeto a sus derechos fundamentales, que comprenden la igualdad y no discriminación, educación, etc.
En el manual de derechos humanos aplicados a la función policial, dice: el uso de las armas de fuego contra las personas es excepcional. Se usarán cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida en los siguientes casos:
en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o
con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida
cuando en una situación de fuga o resistencia a la autoridad, se pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves a los efectivos policiales u otras personas.
También se habla del uso de la fuerza y dice: “toda intervención policial debe basarse en principios de igualdad, necesidad y proporcionalidad. En principio no usar armas de fuego en control de multitudes, excepto cuando exista amenaza de muerte o lesión grave contra los efectivos policiales u otros ciudadanos y cuando resulten ineficaces otros medios menos peligrosos.”
Por lo tanto, la autoridad política no tiene atribuciones para ordenar que el policía concurra a un control de multitudes sin armas de fuego y porque tampoco tiene el don de adivinar que no estará en peligro la vida del policía.
Si la autoridad política, incluyendo al presidente de la república tienen miedo, pues que renuncien al cargo, o cambien las leyes, cuidando sus intereses personales, isa el policía y el postulante a policía deberán evaluar si permanecen o no en la policía o si postulan o no a la institución, según el caso.
Los políticos dicen que los trapitos sucios se lavan en casa, y evitan publicar los errores de sus militantes procurando cuidar la imagen de su partido, ello no significa que dejaran de corregir a sus integrantes.
La policía nacional es una institución tutelar del estado con autoridad para cumplir sus funciones, por lo tanto debe mantener una buena imagen ante la población a la que sirve, de tal manera que logre su respeto.
A CONTINUACIÓN MI BREVE OPINIÓN
Creo que esta autoridad policial tiene razón. No se trata de emplear la fuerza bruta y asesinar impunemente a pobladores indefensos, o de inventar figuras engañosas que distorsionen la verdad, pero sí de enfrentar con autoridad suficiente y medios adecuados a ciertos grupos que estarían buscando la exacerbación de los ánimos para impedir el avance del diálogo y la solución del entorpecimiento de una importante inversión minera. En el caso de Tía María, por ejemplo, antes de que algunos periodistas se hayan puesto a opinar libremente con tal de vender titulares, deberían haber investigado seriamente los hechos y las circunstancias de lo que ocurrió hace unos días para orientar a la opinión pública así como las acciones del Estado. Cosa que no dudo han empezado a hacer oportunamente periodistas serios y pronto veremos resultados más precisos.
El desplante que ha ocurrido hoy por parte de los representantes de la población que reclama, con las autoridades presentes en el lugar y hora pactados y en actitud dialogante, llama la atención de lo que ocurrió entonces y de quién financia a este movimiento, entre otras posibles causas del problema. Si se trata de defender un abuso de la empresa y el incumplimiento de los acuerdos internacionales y las normas internas de cuidado del ambiente, corresponde garantizar lo contrario por parte del Estado y la propia empresa, de modo que se genere confianza en los ciudadanos pasibles de afectación. Pero la única forma de lograrlo es mediante el diálogo y los compromisos que se adopten respecto del cumplimiento o incumplimiento de lo que se pacte.
De otro lado, podría parecer complejo persecutorio pero, no podemos olvidar que los chilenos en el pasado infiltraban las empresas mineras del sur del Perú para entorpecer su desarrollo y evitar su competencia con las de ellos. ¿No será que la historia se repite? Para esto también sirven los servicios de inteligencia que infantilmente se nos quiere hacer creer que desaparecerán en nuestros dos países en aras de mejorar nuestras relaciones.
Mientras las actitudes de los grupos de poder no cambien, no solo en Chile y en el Perú sino en el mundo, estos ilusos pensamientos solo significan autoengaños o pasadas rápidas de página para que las cosas sigan igual. Es decir, los intereses particulares primero, y el dinero y el poder como objetivos que permitan su prevalencia. Y estos intereses particulares deben ser identificados ya sea que se afinquen en la localidad, en la vecindad, o un poco más lejos. No es cuestión de prejuzgar sino de averiguar con seriedad y profundidad.
