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El 23 de abril (día 39 del estado de emergencia), el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, anunció la asignación del Bono Familiar Universal. Este bono estuvo bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el ámbito rural, y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el ámbito urbano. De acuerdo con el portal oficial bonouniversalfamiliar.pe, el bono está definido como un subsidio monetario por un monto de S/ 760, entregado por única vez como medida de protección económica a los hogares vulnerables ante el riesgo de propagación del COVID-19. Estos hogares, estarían conformados por familias en situación de pobreza y pobreza extrema y, además, hogares cuyo jefe o jefa está en el grupo de trabajadores independientes e informales.
La inscripción a este bono se dio a través de una plataforma en línea que estuvo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el diseño de esta plataforma contempló dos páginas: una para hogares con acceso al bono y otra para el registro de familias que no pudieron acceder a ninguno de los bonos. Rápidamente se evidenciaron múltiples factores que han tenido repercusión directa en el acceso al bono por parte de muchas personas.
Aspectos referidos, por ejemplo, a que para obtener este subsidio “ningún integrante del hogar se encuentre registrado en planilla en el sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa”, según se detalla en el Decreto de Urgencia N.º 052-2020, deja fuera de este beneficio a los casos donde al menos un integrante puede percibir el salario mínimo de S/ 930. Para poner un ejemplo práctico, imaginemos un hogar de cinco personas, de las cuales una de ellas trabaja y está en planilla, ganando el salario mínimo; a este hogar no se le otorgaría el bono, a pesar de que el ingreso mensual por cada miembro de la familia sería de S/ 186 y esté rozando el límite de la pobreza extrema monetaria. O en el otro extremo del mismo decreto se menciona que, “ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3000 soles”, ello no contemplaría el universo total de población que percibe ingresos de manera informal; de acuerdo al INEI, esta cifra es de 72,6%, con lo que es probable que el beneficio haya sido obtenido por alguien que realmente no lo necesita.
Entre los aspectos que dificultan el acceso al bono, está el poco criterio manifiesto en los comunicados oficiales de los ministerios, los cuales no han considerado que hay muchos hogares incapaces de cumplir con requisitos tecnológicos para acceder a éste, pues es indispensable contar con un móvil e internet, ya que el sistema obliga a verificar un número de celular a través de SMS y también se recomienda realizar capturas de pantalla del dispositivo, obligando al usuario a tener habilidades básicas sobre el uso de estos equipos. En ese sentido, ni la página oficial ni el Decreto de Urgencia N.º 052-2020 mencionan alguna actividad relacionada a procesos de inscripción o empadronamiento presencial y/o algún mecanismo alternativo para que las familias sin tecnología puedan obtener el subsidio, las cuales representaron el 15,6% (1 285 252) de la población encuestada en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2017, 8,7% en el área urbana y 39,4% en el ámbito rural.
Sumado a esto, los problemas de saturación durante los diez días de inscripción y la pobre seguridad del portal que permitió que una banda de ciberdelincuentes cobre bonos mediante suplantación de las personas beneficiarias, son aspectos que terminan de evidenciar la poca capacidad que tiene el Estado para dar respuesta a una demanda ávida de soluciones rápidas, concretas y eficientes.
En síntesis, se sabe que ningún sistema de subsidio es perfecto, aunque para el desarrollo del Bono Familiar Universal el Estado ya tuvo experiencia previa, datos y observaciones como para mejorar los indicadores de focalización de hogares, experiencia del usuario/a en portales web, seguridad, atención al público y facilidades para el cobro. Se ha tomado lo general para el diseño y no lo particular, que es importante, ya que los hogares en extrema pobreza son los que tienen mayores obstáculos para acceder al sistema ofrecido.
Finalmente, más allá de los límites en su concepción, las falencias del Bono Familiar Universal, son también resultado de que el SISFOH no se ha consolidado como sistema de focalización a pesar de sus 16 años de vigencia. Es preocupante que tras más de una década de financiamiento, avances tecnológicos y dos censos de población y de vivienda, aún no se tengan datos que cumplan con estándares de confiabilidad o que al menos estén actualizados, motivo por el cual, la quimera no solo radica en el bono, sino también en que la ciudadanía confíe en la información generada.
desco Opina – Regional / 10 de julio de 2020
