No postergar sanciones y cárcel por negligencia criminal en desastres

Como precisan diversos especialistas, las secuelas de muerte y miseria que arrastra la llegada de El Niño este año tienen culpables y no sólo es tiempo de atender las emergencias e invocar oportunistamente a la solidaridad (como #UnaSolaFuerza) para ocultar la cadena de negligencias, robos y desvíos de fondos que han ocurrido en sucesivos gobiernos, incluyendo el actual que, como entusiastas seguidores del modelo neoliberal, han desperdiciado varios meses en que debieron emprender medidas que al menos hubieran atenuado los efectos del desastre ecológico.

Se debe investigar, publicar nombres de ineficientes, ladrones y corruptos y acelerar las denuncias que lleven a la captura y condena de todos los responsables de robos y negligencia (negligencia criminal en este caso) por los desastres imparables que explotan en muchos puntos del país y nos hacen tomar nota de nuestra precariedad como estado, atestiguada en terribles imágenes que nos muestran como un país más tercermundista que Bangla Desh, que al menos ya sabe cómo enfrentar las inundaciones cíclicas.

Nosotros los ciudadanos también tenemos responsabilidad en todo esto por no denunciar a los  culpables de la destrucción física del país, que no solo se da con este problema de avalanchas e inundaciones, sino que tiene funesto precedente en la incontrolable deforestación y desertificación de bosques en costa y selva, que el corrupto y débil estado peruano tolera y apoya con alegría. Como no les decimos nada por ese daño al medio ambiente, estos delincuentes bloquean o roban el dinero de las medidas preventivas de huaicos, lo cual es otra forma de destrucción física del Perú que a los funcionarios y rateros del aparato estatal les parece algo de lo más natural (y provechoso para ellos).

Desvío de recursos

Tenemos al expresidente Ollanta Humala, secundado por el Congreso, quien desvió fondos de prevención contra la arremetida de El Niño, para destinarlos a otros fines. Había S/ 3,000 millones y sólo se ejecutaron 150 millones, ¡tan sólo el 5%!: pequeñas obras para la foto y la pose (y, por qué no, para faenones).

El mencionado personaje, como la mayoría de los que entran en política, llegó a gobernar improvisando y engañando, aprovechando que el sistema permite a aventureros y corruptos postular a cargos públicos sin tener la mínima preparación. Lo que a esta gente falta en conocimiento, experiencia y buen tino, les sobra en avaricia y una arrogancia que les cierra la mente para buscar buen consejo y estudiar ejemplos de eficiencia de otros países.

Ninguno de los sinvergüenzas que regalan el triángulo terrestre y tierras agrícolas al enemigo chileno reconoce que frente a una amenaza permanente debe haber una política de estado previsora y eficiente, no simplemente reactiva, que es propia de los ladrones. Nadie quiere ni siquiera intentar la cuantificación de cuánto se hubiera ahorrado en daños al medio ambiente y a la propiedad pública y privada si desde hace años se hubiera trabajado invirtiendo oportunamente en obras de prevención. Porque con esa cuantificación vendría el rendir cuentas y mandar a la cárcel a los muchos responsables de la calamidad en que vivimos

¿Quién de los ministros actuales (y el mismo presidente), en el cargo desde hace seis meses, y de los anteriores va a hacerse responsable de las muertes y de la destrucción de casas y la ruina de muchos negocios? ¿Quién de ellos se hace responsable de haber hundido en la pobreza a decenas de miles de personas que ahora tienen que empezar de cero nuevamente?

Para tener una idea de lo que no se hizo, a sabiendas de que somos un país constantemente sujeto a la furia de las fuerzas de la naturaleza, tenemos:

• Ningún cauce fue descolmatado lo suficiente para soportar por lo menos el máximo nivel histórico, siendo lo deseable que un cauce esté despejado para soportar un volumen de agua mayor que los máximos históricos, pues con el cambio climático es muy posible que se supere esos límites (Por ejemplo, en Piura esta temporada el máximo caudal fue de algo más de 3,000 m3/seg, contra 4,000 m3/seg como récord en otros años).
• No se dragan los reservorios de los diferentes proyectos de irrigación, lo que disminuye su productividad y tiempo de vida útil.
• No se reforzaron los puentes o, como el construido por Luis Castañeda, se sujetaron con babas.
• Los puentes se siguen haciendo al nivel de la pista y no con una altura que compense la subida del nivel del agua. 
• No se construyeron defensas ribereñas.
• No se realizaron simulacros de evacuación con las poblaciones ribereñas ni se convocó para este fin a los militares (recién los han llamado cuando el daño ya está hecho). Esta misma negligencia criminal se ve en los simulacros de sismo, en los que nunca se ve a los militares, pese a que todos sabemos que en una situación de catástrofe tomarían las calles miles de ladrones, saqueadores, drogadictos y asesinos.
• No se convocó a ingenieros que diseñen obras orientadas a domar la violencia de los ríos y huaicos que bajan de las alturas a toda velocidad, pues, por ejemplo, donde la geografía lo permitiese, se debió construir canales de desfogue del exceso de agua y lagunas “domadoras” del ímpetu de los huaicos, es decir, canalizar la bajada del agua empozándola en ciertos puntos, para que así pase por los poblados con una fuerza que ya no sea destructora.
• No se adquirió maquinaria (bulldozers, cargadores frontales, excavadoras, motobombas, etc.) para que el Estado —sin esperar la disponibilidad o buena voluntad de empresas privadas— tenga listas las herramientas con que atacar los desbordes y derrumbes y ahora las piden prestadas o alquiladas, siempre en número insuficiente.
• Para fines de alerta oportuna, no se ha obtenido información satelital (porque el satélite comprado no sirve) ni se ha adquirido drones que permitirían conocer a tiempo en qué quebradas se está acumulando agua o material peligroso o en qué sectores un río incrementa su caudal de manera peligrosa.

Invasiones y fraudes en titulación

Numerosas quebradas cercanas a las ciudades principales fueron objeto de la codicia de traficantes de terrenos y de la complicidad de alcaldes que por lucro o avidez electoral atizaron las invasiones conducentes a la titulación de predios en zonas intangibles y peligrosas. En algunos casos, estos delincuentes inmobiliarios crean falsas comunidades campesinas falsificando o manipulando de manera burda documentos coloniales que los hacen aparecer falsamente como si fuesen herederos y continuadores ininterrumpidos de comunidades indígenas de hace varios siglos. Lo grave es que las autoridades, en sus diversos niveles (municipalidades y registros públicos), se hacen cómplices de estos fraudes al dales credibilidad.

Todas estas autoridades deben ser denunciadas y no se ve ninguna denuncia. Además, probada la ineficacia y peligrosidad de que estos sujetos tengan las facultades de entregar certificados de posesión —sea por su negligencia, ignorancia, manipulación electoral o por corrupción—, estas facultades deben regresar al COFOPRI, que debería conformar un equipo nacional especializado para saber dónde titular y dónde no en todo el Perú.

El Estado y el Congreso se quejan de “no haber podido hacer nada” ante las mafias de autoridades locales y el tráfico de estas tierras ribereñas; pero el Ejecutivo y el Congreso en forma combinada pudieron (y deberían) hacer algo, por ejemplo:

• Realizar amplia difusión (que con internet tendría acceso gratis para la ciudadanía) de los mapas de zonas de peligro, para que la gente que busca un lote no sea víctima de los traficantes.

• Señalización de zonas de peligro en las riberas cercanas a las ciudades donde la gente busca construir viviendas. Si hubiese un letrero con la foto de un huaico arrastrando una casa y la alerta del peligro, nadie adquiriría en esas zonas. Esto, junto con una fuerte sanción para quien retire esos letreros.

• Perfeccionar la legislación para que los notarios estén impedidos de tramitar compra-venta de lotes o propiedades en lugares indebidos.

• Modificar la legislación para que el desalojo de nuevos asentamientos en zonas prohibidas se realice en forma sumaria.

Obras que obstruyeron cauces o rompieron defensas

Hemos visto diversos casos donde los huaicos han causado daños en lugares donde empresas han construido obras que han obstruido el cauce de los huaicos, como en Punta Hermosa, o que han destruido defensas, como Odebrecht en Carapongo.

El Estado no debería esperar que los damnificados, con su lamentable situación, tengan la carga de iniciar demandas, sino que debería denunciar de oficio a los responsables. Además, como mínimo, si no se les impone cárcel, a los ingenieros que se han prestado a estas “obras” debería quitárseles la colegiatura para impedirles que sigan ejerciendo su profesión en forma delictiva, pues han incurrido, cuando menos, en el delito de exposición de personas al peligro.

Transporte

No sólo por los desastres naturales (sismos, lluvias, avalanchas, etc.) sino por los conflictos sociales, en diversos puntos del Perú se interrumpe el tráfico en carreteras. Ante esta vieja realidad, no se ha desarrollado los ferrocarriles ni el cabotaje. Una vía interrumpida no sólo es pérdida para el transportista o el productor, sino que puede ser una amenaza de desabastecimiento en las ciudades.

En este panorama, es evidente que no hemos tenido estadistas como presidentes, sino oportunistas, incapaces o ladrones que continúan dando la máxima importancia a las carreteras y al transporte aéreo, porque allí hay corrupción, faenones o robo, como es el caso de Odebrecht y Lan (Latam), y desdeñan el transporte ferroviario y el cabotaje, pese a ser más económico para los usuarios. Recordemos que antes el Ejército construía carreteras y así empleaba su maquinaria, que estaba siempre disponible para cuando se presentara una necesidad de los militares. Fue la banda delincuencial encabezada por Alberto Fujimori la que preparó el marco legal para impedir al Estado construir carreteras, por supuesto, para entregar esas obras a los ladrones de Odebrecht.

El país necesita tener puertos de cabotaje. Si es posible, en cada provincia. Como bien lo aseguran especialistas, un inversionista no puede poner una flota de transporte marítimo porque hay feroces intereses que lo impiden, atentando además contra el desarrollo del Perú.

Como el Congreso, plagado de lobistas, no se interesará en legislar ni sancionar según lo expuesto, es necesario que la ciudadanía se organice y exija prontas sanciones para que después estos ladrones e incapaces no se burlen de nosotros con la prescriptibilidad de sus delitos.

Por último, sería necesaria la conformación de una comisión permanente (podrían participar organizaciones ciudadanas, el Colegio de Ingenieros, para que vigile la adecuada ejecución de obras de prevención contra desbordes). ¿Para qué tenemos Fiscalía de Prevención del Delito si no es capaz de prevenir estos desmanes? Deberían también integrar el grupo de vigilancia, para no lamentar desgracias cuando ya muy tarde descubrimos que las autoridades no hicieron su trabajo.

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