Parece habitual que los miembros del Poder Ejecutivo minimicen las potenciales consecuencias de incumplir con sus promesas a las federaciones indígenas en la selva peruana. Hoy, una decisión que tendría impacto en la titulación y el respeto a la intangibilidad de las tierras de las comunidades indígenas, amenaza generar un nuevo desborde social en esta región.
El dictamen del Proyecto de Ley 3941 genera opiniones divididas: para algunos, daría potestad al Gobierno para otorgar a terceros las tierras que no cuentan con un título de propiedad. Otros, por el contrario, sostienen que el nuevo dispositivo garantizaría la intangibilidad de los territorios indígenas.
Hace varios años que la titulación de tierras indígenas viene siendo un problema ventilado en foros y congresos. Las recomendaciones son casi siempre las mismas: simplificar procedimientos y acelerar el proceso de formalización. Empero, a pesar de los recursos técnicos y financieros asignados, se ha hecho poco o nada al respecto.
Cuando funcionó el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) y luego el Organismo de formalización de la propiedad informal (COFOPRI), el reconocimiento de las tierras de los pueblos indígenas aumentó. Sin embargo, a partir de la trasferencia de funciones a los gobiernos regionales, el ritmo de la titulación ha disminuido.
El Proyecto de Ley 3941 –que viene siendo considerado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República– propone que los gobiernos regionales prioricen asignación presupuestal para delinear procedimientos que permitan establecer líneas divisorias y titulación de terrenos de comunidades nativas. Sin embargo, debido a que las instancias del nivel subnacional han demostrado escasa capacidad y/o voluntad para atender la problemática, esta propuesta parece no ser el camino más adecuado para culminar satisfactoriamente con la tarea.
Por otro lado, los jefes indígenas se han opuesto a la norma argumentando que esta abre la vía para el reconocimiento de derechos en favor de colonos/invasores y la creación de áreas de conservación privadas; asimismo, facilitaría evitar la consulta previa para otorgar concesiones a actividades extractivas; y fomentaría conflictos entre comunidades para favorecer intereses de terceros.
Desde hace poco más de un mes, los líderes de las etnias de la Selva Central han venido analizando la situación y han acordado realizar en los próximos días una movilización masiva con la finalidad de reclamar por una situación que reiteradamente vulnera sus derechos. Se anuncian marchas pacíficas. Sin embargo, no se descarta el bloqueo de carreteras, con lo cual se alterará la paz social y se generarán pérdidas económicas importantes.
Antes de que la anunciada movilización indígena se convierta en un polvorín, se requiere que las instancias competentes establezcan los canales de negociación con los líderes nativos, algo a lo que lamentablemente nuestras autoridades no están acostumbradas, ya que no existe una cultura de diálogo y prevención de los conflictos sociales.
Por otro lado, la opinión pública peruana necesita entender que como sociedad multicultural no podemos seguir arrastrando deudas morales con los pueblos originarios. Sería importante que la prensa nacional le dé la cobertura necesaria a la situación. Lamentablemente, el historial de los medios masivos nos demuestra que los temas indígenas sólo merecen primeras planas cuando la escalada de los acontecimientos culmina en bloqueos de carreteras o víctimas fatales que lamentar. Esperamos que en esta ocasión no se repitan situaciones trágicas y se comience a concertar soluciones que preserven los derechos indígenas.
desco Opina – Regional / 23 de octubre de 2015
Programa Selva Central
