Irene Casado Sánchez*
La crisis económica y las políticas de “austeridad” pasan factura. Los más pequeños son las principales víctimas en este escenario. Uno de cada tres niños vive bajo el umbral de la pobreza en España. A día de hoy, más de 840.000 son pobres crónicos. Ante esta realidad, y ante las próximas elecciones generales que tendrán lugar en diciembre, nuestros políticos deben asumir su responsabilidad. Asumir que un futuro de precariedad y desigualdad no es un futuro.
Según la última encuesta de Condiciones de Vida (ECV-2014), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los ingresos medios anuales de las familias españolas se han reducido un 2,4% entre 2013 y 2014. La tasa de riesgo de pobreza de menores de 16 años ha ascendido 3,4 puntos. Uno de cada 10 menores crece en hogares donde la pobreza es severa, el hogar subsiste con menos de un tercio de la renta media. Las cifras constatan la necesidad de medidas políticas, ni la caridad ni la beneficencia pondrán poner fin a esta brecha de desigualdad.
“Las medidas anticrisis de las administraciones, basadas en recortes sociales han terminado desfavoreciendo en mayor medida a los más vulnerables
(…) son algo inadmisible. Los niños son el colectivo más perjudicado”, denuncia Alberto Casado, responsable de campañas de la ONG Ayuda en Acción.
Así, esta organización ha puesto en marcha la iniciativa ‘Candidatos a la pobreza’, con el objetivo de pedir responsabilidades y medidas políticas contra la pobreza infantil en España. Un tercio de la población infantil crece amenazado por la pobreza y la falta de recursos, “un dato alarmante que nos obliga a exigir a los distintos gobiernos y administraciones que actúen para proteger a la infancia”, recalca.
España es el segundo país de la Unión Europea, detrás de Rumanía, con más pobreza infantil, así lo asegura el informe ‘Infancia, pobreza y crisis económica’ realizado por el grupo de estudios sociales de la Caixa. Si bien la crisis económica ha empobrecido a España, esta tendencia se repitió durante la época dorada del desarrollo y crecimiento. Se trata, por tanto, de “un problema estructural que ningún gobierno ha sabido frenar”, apunta Sara Ayllón, responsable de la investigación del INE.
La pobreza infantil coarta el futuro de los más pequeños, aumenta la desigualdad y disminuye las oportunidades de un avenir más próspero. En un sistema democrático, poner fin a esta realidad y evitar que la pobreza se convierta en un problema crónico está en manos de nuestros representantes políticos. “Debemos garantizar que todos los niños cuenten con las mismas oportunidades independientemente de su situación familiar”, subraya Ayllón.
Desde el INE, así como desde Ayuda en Acción, reclaman “una mejora de las políticas familiares basada en una transferencia universal a las familias”.
Esta “transferencia universal” consiste en la asignación, con independencia de la renta de los hogares, de una ayuda económica anual por cada niño. La mayor parte de los países europeos ya cuentan con esta iniciativa entre sus políticas sociales, sin embargo, España, Rumanía, Grecia, Portugal o Lituania, se han desvinculado de esta apuesta por los más pequeños. “Está demostradísimo que cuantos más recursos se destina a los niños, más igual es la sociedad”, recuerda la responsable del informe ‘Condiciones de vida’.
Medidas específicas para poner fin a un problema que no puede ser ignorado por nuestros responsables políticos. Ni el Parlamento actual, ni el que se formará en los próximos meses, pueden hacer oídos sordos ante este aumento de precariedad, desigualdad y pobreza. Elaborar políticas que eviten la desigual inversión en infancia entre cada comunidad autónoma, blindar los recursos suficientes para garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a las mismas oportunidades, así como impulsar el Pacto de Estado por la Infancia —reclamo de todas los organizaciones de este ámbito—, son algunas de las propuestas esenciales de Ayuda en Acción para proteger a las futuras generaciones.
Según el estudio del INE, una inversión de 1.000 euros anuales por cada menor en el seno de una familia considerada pobre sería suficiente para “sacar a 400.000 niños de la pobreza”. Una cifra irrisoria teniendo en cuenta que representaría el 0,9% del gasto social. Así, ningún pequeño debería ser candidato a la pobreza, ni a la desigualdad, ni a la precariedad. Nuestros políticos son y serán responsables del avenir de estos niños. El problema es evidente, las soluciones parecen claras. Ni caridad, ni beneficencia. Tan solo responsabilidad política para asegurar el futuro de nuestros pequeños.
*Periodista
Twitter: @iren_cs
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