El pasado 9 de enero del 2026 se publicó la Resolución Ministerial N° 007-2026-Vivienda por la cual se aprueba la transferencia financiera de más de 52 millones de soles a favor de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) destinada a financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población del ámbito urbano que no cuenta con acceso al servicio de agua potable y que se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema, conforme a los criterios de priorización a nivel nacional y las zonas focalizadas.
En nota de prensa se menciona que la decisión responde al esfuerzo conjunto entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Sedapal, orientada a cerrar brechas en el acceso a agua potable, especialmente en sectores donde aún no existe infraestructura de redes y donde la presencia del Estado es crucial. Al margen de ello, podemos dar fe de primera fuente que el abastecimiento se da de manera igualitaria a todos los pobladores, esto significa, el llenado de un tanque de 1100 litros en el mejor de los casos, pues si no cuentan con este repositorio, se llenará aquel que la familia disponga. Este abastecimiento se hace una vez por semana y una vez por vivienda, sin importar que en ella habite una familia nuclear o extendida, provocando que el agua no alcance para las necesidades de todos los habitantes, quienes consideran que es mejor pagar por un servicio que les dote del agua que requieren, así como sucede en otras partes de la capital, en donde habrá un alza en la tarifa a partir del mes de febrero.
Este incremento de costo oscilará entre el 12% para hogares y el 20% en el sector industrial, según informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), y responde al cumplimiento del Decreto Legislativo N°1620, que ordenó aplicar un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas) con el objetivo de que las empresas prestadoras a nivel nacional, incluida Sedapal, cuenten con mayores ingresos que permitan cubrir los costos de la prestación del servicio. En ese sentido, valdría la pena preguntarse cuáles son los planes estratégicos que se manejan desde esta empresa para dotar de agua a una ciudad que cuenta con alto nivel de estrés hídrico y si el hecho de asignarle más recursos servirá para brindar un servicio permanente y de calidad a quienes vivimos en ella. Esto, además de priorizar un uso más adecuado de este bien que es tan escaso y, sobre todo, generar conciencia de su uso para garantizar la sostenibilidad futura de la capital.
Qué podemos esperar de una política nacional de agua y saneamiento, teniendo en cuenta que más de la mitad de los colegios del Perú carece de agua potable y saneamiento adecuado, aproximadamente 38 000 colegios sin agua potable y más de 41 000 sin desagüe, en donde miles de niños y niñas deben usar baños que ponen en riesgo su salud. Cerca del 18% de los centros educativos del país dependen de ríos, acequias, manantiales y otras fuentes para abastecerse del recurso hídrico, y más de 9000 mil instituciones usan pozos sin tratamiento como desagüe. ¿Qué podemos esperar de una estrategia que no tome en consideración otros sectores como salud, industria, comercio y vivienda?
Soluciones aparecen como un oasis dentro de un vasto desierto. La idea de contar en Ancón con una planta desalinizadora que garantice servicio continuo a más de 570 000 personas en zonas vulnerables, parece un paso adelante, para ello la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), requerirá una inversión estimada de US$ 204.77 millones, la cual será asumida íntegramente por el sector privado. Al tratarse de una Asociación Público-Privada sin cofinanciamiento, el proyecto no compromete recursos fiscales del Estado, permitiendo acelerar su implementación. La infraestructura tendrá la capacidad de producir 86 400 metros cúbicos de agua potable al día, lo que parece por demás interesante, pero dicha planta desalinizadora está directamente vinculada al desarrollo del Parque Industrial de Ancón (PIA), megaproyecto que se levantará sobre un terreno de 1338 hectáreas y que contempla una inversión estimada de US$ 1214 millones.
Habría que preguntarse cuánto de esa agua sirve para la industria y cuánta para consumo humano solo para poder tratar de entender si, en la relación costo beneficio, esta solución es realmente sostenible. En ese sentido, quizá eso que pensamos será un paso hacia adelante termina siendo todo lo contrario; por ello, la labor de cada uno de nosotros como ciudadanos es velar por la coherencia, pertinencia y eficiencia de lo que se propone, pues sabemos que los gobiernos de turno manejan el Estado poniendo la carreta por delante del caballo, cuando de desarrollo sostenible hablamos.
desco Opina – Regional / 16 de enero de 2026
