La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32326, que modifica el Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio en perjuicio del Estado, que ya no podrá inmovilizar a tiempo el patrimonio mal habido de las organizaciones criminales, que tendrán la posibilidad de transferir dichos bienes una y otra vez haciendo imposible su incautación.
La demanda, interpuesta ante el Tribunal Constitucional (TC), argumenta que la norma reduce las herramientas para recuperar bienes vinculados a delitos como narcotráfico, lavado de activos y corrupción, otorgando un “salvavidas legal” a los investigados.
La demanda espera que el TC declare inconstitucional la Ley 32326 y reinstaure el decreto original, que otorgaba mayores facultades al Ministerio Público y al Poder Judicial para actuar contra bienes mal habidos.
Como se recuerda, como burla, el Congreso adujo que la modificación iba a “fortalecer” la Ley de Extinción de dominio. Esa es la palabra que usan cada vez que cometen una barbaridad legal en favor de la delincuencia.
Dicha modficación limita y obstaculiza la acción estatal contra patrimonios ilícitos, lo cual es muchísimo más grave y perjudicial no sólo para el Estado sino para toda la ciudadanía, debido al crecimiento imparable de la criminalidad.
