Un reportaje del programa dominical Panorama reveló imágenes del empresario Nilo Burga, protagonista del escándalo de corrupción de empresa Frigoinca y el ministerio de Inclusión Social (Midis) en su programa Qali Warma, quien apareció muerto en el hotel donde vivía por cinco años.

Las imágenes lo muestran en la cochera del local y en la recepción, saludando a los trabajadores, quienes lo conocían bien, dado el tiempo que permanecía allí. No hay nada extraño, se le ve con un caminar lento.

Un dato importante es que la propietaria del hotel Luz y Luna, ubicado en el distrito limeño de Magdalena es una exfuncionaria no sólo del Midis, sino del programa que está en el ojo del huracán de la corrupción, Qali Warma, Rosario Gonzales Ybañez. Ella niega vínculos directos con Burga, pero por decir lo menos, resulta muy extraña esta coincidencia.

Otro detalle que se reveló es que no hay otra persona que haya ingresado para ir a la habitación 301, donde fue hallado Burga, a excepción de su abogado, Martín Villalón, quien, como Burga lo detalló a los trabajadores, se reuniría con él para darle un regalo navideño.

Pero en los pasadizos que dan a las habitaciones no hay cámaras. Si fue un asesinato, faltarían esas evidencias. No obstante, quedan otras posibilidades, como que otra persona se haya instalado en el hotel no sólo el mismo día, sino incluso días antes, esperando la oportunidad de acabar con la vida de Burga.

Otro hecho que habría facilitado un crimen es el que Burga vivía allí y conocían su rutina, además, sabían que allí estaría e incluso el número de habitación, pues Burga sostenía reuniones de negocio en dicho local.

Burga llegó al hotel a las 14:10 h. Estacionó su auto en el lugar de costumbre de la cochera del hotel que solía ocupar. Las cámaras también captaron al empresario regresando a su habitación tras recoger objetos de su vehículo. Fue la última vez que se le vio con vida.

Homicidio

El abogado de Burga lo encontró sin vida en la habitación 301. Previamente llamó al personal del hotel al constatar que Burga no respondía.

Según un expertos forense, la probabilidad de que se trate de un asesinato es alta debido a la clase de heridas, que sugieren que se defendió y que el corte en el cuello no concuerda con uno que haya podido ser autoinflingido.

El informe forense señala que el empresario murió a causa de un shock hipovolémico provocado por profundas heridas en el cuello y el pecho, compatibles con un ataque con arma blanca. Estas lesiones, junto con la disposición de los cuchillos encontrados en la escena, han llevado a los expertos a descartar que él mismo se quitó la vida. “En casos de suicidio por arma blanca, los cortes suelen seguir un patrón lógico. Aquí, la evidencia sugiere un probable homicidio”, explicó Danny Umpire, antropólogo forense consultado por Panorama.

El análisis de la habitación donde se hospedaba el empresario reveló posibles signos de un forcejeo inicial, como manchas de sangre que indican que el ataque comenzó en el sillón y culminó en la cama. A pesar de las cámaras en áreas comunes, no hay registros del momento en que alguien pudo haber entrado o salido de la habitación sin ser detectado.

La trabajadora del hotel también mencionó que los cuchillos encontrados no pertenecían al lugar. “Nilo vivía aquí casi como un inquilino. Lo conocí bien. Esos cuchillos no son de aquí”, declaró Olivia.

Así las cosas resulta poco creíble que Burga se haya quitado la vida. Por otro lado hay una serie de personajes que salen ganando con esta muerte para evitar la acción de la justicia.

La empresa china Tengda (Perú) Cerámica S.A.C. enfrenta un rechazo frontal por parte de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), debido a las múltiples irregularidades legales y ambientales en las que ha incurrido desde que comenzó la construcción de su planta en Villacurí, Ica. El caso cobró mayor notoriedad, tras conocerse la vinculación de Tengda con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien asesoró legalmente a la compañía, en medio de la polémica por su actual condición de prófugo de la justicia.

“Lo que ha pasado con esta empresa es el colmo. Han construido sin licencia y ahora pretenden regularizar después de todo lo que se ha hecho público”, denunció Fernando Cilloniz, exgobernador de Ica. En efecto, en este momento, la empresa ha acudido ante las autoridades del Ministerio de la Producción (PRODUCE), con el afán de que se le otorguen las licencias que no han podido conseguir correctamente por no cumplir con la ley. Pero el Ministerio, tiene la responsabilidad de defender las normas peruanas y el estado de derecho, por tanto, no debe premiar estas írritas iniciativas otorgando permisos irregulares.

El reciente envío de una carta por parte de Chen Ming, representante legal de Tengda, al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, solicitando una reunión con PRODUCE para “agilizar la culminación de trámites administrativos”, ha sido interpretado como un intento de presión política. Esta acción ha encendido aún más las alarmas sobre las intenciones de la compañía de regularizar su situación mediante canales irregulares. “Esto es un escándalo de influencia política, de clientelismo político, de corrupción. Y nada bueno hay detrás de esa fábrica, no hay nada bueno, la verdad”, sentenció Cilloniz.

El rechazo empresarial se suma a una serie de hechos documentados que cuestionan la legitimidad de las operaciones de Tengda y la actuación permisiva de las autoridades municipales distritales y provinciales. La planta fue construida sin licencia de edificación ni de funcionamiento, en clara violación de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Licencia de Funcionamiento.

Lo anterior fue confirmado por la Contraloría General de la República, quien en su Informe de Orientación de Oficio N.º 086-2023-OCI/0406-SOO emitido el 6 de noviembre de 2023, advirtió que la Municipalidad Distrital de Salas conocía estas flagrantes vulneraciones a la ley, pero no tomó medida alguna para detenerlas. Adicionalmente, de espaldas a las reglas vigentes, funcionarios y Regidores de la Municipalidad de Ica favorecieron a la empresa cambiando la zonificación del terreno, con lo que, además, han causado un daño gravísimo a la agricultura en Villacurí.

Tengda tampoco cuenta con la certificación ambiental requerida, incumpliendo el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno. PRODUCE rechazó su Plan de Participación Ciudadana por haberse presentado cuando la planta ya estaba en construcción, una clara muestra de que la empresa inició sus operaciones sin cumplir con las normativas vigentes. Como si fuera poco, PRODUCE detectó que Tengda falseó información, presentando imágenes de supuestos “almacenes temporales” que, en realidad, eran estructuras permanentes.

Otro punto crítico, es el uso ilegal de agua en una zona declarada en veda desde 2011 por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Tengda obtuvo una licencia para uso agrícola en mayo de 2023, sorprendiendo a las autoridades respectivas que pensaban que se usaría el agua para dichos fines. Sin embargo, obtenida la licencia, TENGDA usó el recurso hídrico para la construcción de su planta industrial. Descubiertos, en mayo de 2024, la ANA sancionó a la empresa con una multa de 20 UIT y ordenó sellar el pozo utilizado de manera indebida. Hasta hoy dicha sanción no se ejecuta.

La situación se agrava con la conexión de Nicanor Boluarte, quien actualmente lleva un mes en la clandestinidad tras dictarse una orden de captura nacional e internacional en su contra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Boluarte asesoró legalmente a Tengda, cobrando honorarios por brindar opiniones sobre su situación legal, lo que refuerza las sospechas de que la empresa ha intentado usar influencias políticas para operar al margen de la ley. Esta situación podría explicar tanta impunidad ante la permanente actuación irregular de Tengda.

El caso Tengda no solo representa una amenaza al cumplimiento de las leyes nacionales, sino que también plantea una pregunta urgente: ¿qué tan vulnerables son las instituciones peruanas ante el poder económico y político? En un país donde la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos, este caso debe servir como una advertencia para reforzar la supervisión y sancionar con firmeza a quienes transgreden la ley. La defensa del medio ambiente, la estabilidad jurídica y el respeto a las leyes del Perú, deben prevalecer sobre cualquier interés particular.

Estaríamos pues ante un caso de presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad genérica y delitos ambientales.