Vista amplia de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se discuten las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, con delegados sentados alrededor de una gran mesa circular y observadores en la galería. El Consejo de Seguridad discute la situación en Venezuela.

En una sesión de urgencia para abordar el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente de ese país Nicolas Maduro, el Consejo de Seguridad de la ONU escuchó denuncias contra el neocolonialismo, discursos de condena de la agresión y una reivindicación casi unánime para resolver las disputas internacionales de manera pacífica, mientras algunas intervenciones respaldaron la intervención de Washington.
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“La Carta (de las Naciones Unidas) consagra la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, ha recordado este lunes el Secretario General al Consejo de Seguridad reunido de urgencia para examinar la crisis en Venezuela.

A través de la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, António Guterres se dijo “profundamente preocupado por el incumplimiento de las normas del derecho internacional en relación con la acción militar del 3 de enero”.

Guterres se refería así al bombardeo llevado a cabo por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y otras localidades en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, cuyas consecuencias humanitarias aún se desconocen.

“En situaciones tan confusas y complejas como la que enfrentamos actualmente, es importante apegarse a los principios. Respeto por la Carta de las Naciones Unidas (…) Respeto por los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados. Prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza. El poder de la ley debe prevalecer”, continuó el mensaje de Guterres.

En la intervención militar, ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, fue capturado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa Celia Flores. Según Trump, Maduró será juzgado por narcotráfico.

Por boca de DiCarlo, Guterres recordó que “el derecho internacional contiene herramientas para abordar cuestiones como el tráfico ilícito de estupefacientes, las disputas sobre recursos y las preocupaciones en materia de derechos humanos”.
América Latina se alinea con la paz

La gran mayoría de los países de América Latina que intervinieron en el Consejo, a los que se unió España, se alinearon con un discurso en favor de la paz y del respeto del derecho internacional, la soberanía nacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Así, Brasil rechazó categóricamente la intervención armada en Venezuela, calificándola de «flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas» y advirtiendo que «los bombardeos y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable».

Su representante, hizo una defensa firme de América Latina como «zona de paz» y afirmó que «el recurso a la fuerza en nuestra región evoca capítulos de la historia que creíamos superados». Sostuvo que la solución para Venezuela debe respetar «la autodeterminación del pueblo venezolano», no la creación de «protectorados».

Por su parte, el embajador de México condenó la acción militar estadounidense al considerarla una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y un golpe al multilateralismo.

Durante su intervención, Héctor Vasconcelos subrayó que la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza constituye un principio fundamental del derecho internacional, sin excepciones, y advirtió que cualquier retórica orientada a una escalada militar pone en riesgo la estabilidad regional.

El diplomático recordó que corresponde a los pueblos decidir su propio destino mediante soluciones pacíficas, democráticas y negociadas, y rechazó los cambios de régimen impulsados por actores externos y las medidas extraterritoriales.

En el mismo sentido, la representante de Chile también condenó las acciones militares unilaterales de Estados Unidos. Paula Narváez Ojeda reafirmó el compromiso de su país con la soberanía, la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza, principios fundamentales para la paz y la seguridad internacionales.

Cuba condenó la que calificó como “una «agresión imperialista y fascista con objetivos de dominación» que pretende revivir la Doctrina Monroe” y llamó a la comunidad internacional a «condenar y enfrentar este acto de terrorismo de Estado» que amenaza la paz regional e internacional, reafirmando su adhesión a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El embajador de Panamá expresó su preocupación por la situación y su posible impacto en la paz y la estabilidad regional, al tiempo que llamó a centrar los esfuerzos internacionales en una salida democrática y pacífica. Eloy Alfaro de Alba reafirmó el compromiso histórico de Panamá con el multilateralismo, la soberanía de los Estados y el respeto al derecho internacional, incluidos los principios de no intervención y prohibición del uso de la fuerza consagrados en la Carta de la ONU.

El embajador de Nicaragua reafirmó también que América Latina y el Caribe es una zona de paz, declaverada por la Comunidad de Estados Latinos y Caribeños (CELAC) destacó que este estatus debe ser respetado por todos los gobiernos, especialmente por los miembros del Consejo responsables de la paz y la seguridad internacionales.

Por su parte, el embajador de Argentina expresó el respaldo de su país a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificando a Nicolás Maduro como un «dictador» y líder de organizaciones designadas como terroristas por Argentina en 2025.

El diplomático sostuvo que estas medidas representan un avance significativo en la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

El representante de Paraguay coincidió con el argentino al señalar que Nicolás Maduro era el «líder de una organización criminal» declarada «terrorista» por las autoridades de su país.

Señaló que la permanencia en el poder representaba una amenaza para la estabilidad regional y sostuvo que la salida de su liderazgo debe dar paso inmediato a la restauración de la democracia y del Estado de derecho en el país.

España expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela, calificándola como un precedente alarmante con implicaciones regionales e internacionales, subrayando que los recursos naturales del país son parte de su soberanía.

Héctor Gómez subrayó la importancia de respetar la Carta de Naciones Unidas, especialmente los principios de soberanía, integridad territorial y la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, como base para la convivencia internacional.

El diplomático enfatizó que la lucha contra el crimen organizado y la defensa de los derechos humanos en Venezuela solo pueden abordarse mediante cooperación internacional y diálogo, no por imposición militar.
Venezuela denuncia el neocolonialismo

El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, declaró que la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero constituye un «acto de agresión» según la definición de la ONU.

«La paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado sin excepciones, sin dobles raseros», afirmó ante el Consejo, subrayando que el secuestro de un jefe de Estado en ejercicio vulnera la inmunidad personal, «una garantía institucional que protege la soberanía de todos los Estados».

Moncada aseguró: “No podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense: Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales (…) Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar Estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo”.

Y concluyó asegurando: “Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela. Está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta Organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial”.
Estados Unidos defiende su acción

Al explicar la posición de su país, el embajador de Estados Unidos ante la ONU afirmó que Washington llevó a cabo una operación de carácter legal y selectivo contra dos fugitivos de la justicia estadounidense, a quienes calificó como “narcoterroristas”.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, Mike Waltz sostuvo que Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo y recordó que más de 50 países, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, rechazaron el resultado de las elecciones venezolanas de 2024 por falta de transparencia.

El diplomático acusó al gobierno venezolano de liderar una red criminal dedicada al tráfico de drogas, de colaborar con organizaciones terroristas y de desestabilizar el hemisferio occidental.
China y Rusia condenan enérgicamente

Por su parte, los representantes de China y Rusia condenaron enérgicamente la acción militar, calificándola de “neocolonialismo”, “doble rasero” e injerencia en la soberanía nacional de los Estados, en lo que supone una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas.

“Ningún país puede ser la policía del mundo, ni ningún Estado puede erigirse en juez internacional”, dijo el representante chino.

El enviado de Pekín añadió: “Exigimos que en Estados Unidos deje de acosar y deje atrás estas prácticas de coacción y forje relaciones a partir del respeto mutuo, la igualdad” y apoyó plenamente a los países de la región en la defensa de la condición de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Por su parte, Vassily A. Nebenzia, embajador ruso, hizo un llamamiento a los miembros del Consejo para que abandonaran la doble moral y no justificaran «un acto de agresión tan atroz» por temor al «gendarme global estadounidense».

Fuente: ONU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, compareció ante un tribunal de Nueva York después de ser secuestrado el sábado 3 de enero por militares de los Estados Unidos en territorio venezolano y se declaró presidente prisionero de guerra. Rechazó también los cargos presentados contra él.

“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, declaró ante el juez, describiendo las circunstancias de su detención como una acción militar que violenta su inmunidad presidencial y la soberanía de su país.

La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos que se le imputa y pidió una visita consular para ella y para el presidente Maduro.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó Maduro, quien se refirió a la inmunidad presidencial y la legalidad de la detención. Señaló no conocer previamente los cargos que le imputaban, aspecto básico en el derecho procesal. El derecho internacional y las garantías del debido proceso establecen que todo acusado debe ser notificado formalmente de los cargos por los cuales se le acusa antes de ser sometido a detención o comparecencia judicia, recogen medios estadounidenses.

La primera dama Cilia Flores, quien fue capturada junto con Maduro durante el asalto y bombardeo, padece de lesiones importantes que no han recibido atención médica adecuada desde su su secuestro, hecho dado a conocer por el abogado de Flores, Mark Donnelly, quien señaló que las lesiones sufridas por la esposa de Maduro “se pueden ver” y describió las heridas como “importantes”, situación que constituye una violación flagrante de más de cuatro convenciones internacionales sobre el trato a personas detenidas y prisioneros.

Donnelly advirtió que Flores podría tener alguna fractura en su cuerpo así como posiblemente un hematoma severo en las costillas, por lo que debe ser sometida a una evaluación física completa. El juez Hellerstein indicó a la defensa coordinar con la fiscalía para garantizar la atención médica necesaria, sin especificar el origen de esas heridas ni establecer un plazo para la evaluación.

Las Convenciones de Ginebra y otros tratados internacionales establecen obligaciones claras sobre el trato humanitario a personas capturadas, incluyendo el acceso inmediato a atención médica cuando sea necesario, con lo cual los Estados Unidos perpetra una violación adicional del derecho internacional.

El juez ratificó el derecho de ambos detenidos a comunicarse con sus funcionarios consulares, según manda la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo a las 11:00 horas, siendo más de dos meses durante los cuales los detenidos permanecerán cautivos en los Estados Unidos.

En tanto, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, reiteró la vocación de paz de la nación sudamericana y presentó las solicitudes urgentes: “Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas”, expresó.

La primera de ellas insta al gobierno de los Estados Unidos de América a garantizar el respeto pleno de las inmunidades diplomáticas que corresponden a Maduro y su cónyuge Cilia Flores. Esta demanda incluye la liberación inmediata de cualquier acción contra ellos y su retorno seguro a la República Bolivariana de Venezuela.

Mientras tanto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela respondió ordenando que la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez asuma todas las funciones presidenciales en condición de encargada, garantizando así la continuidad institucional del Estado. Delcy Rodríguez presidió este domingo el Consejo de Ministros número 757, con la participación de los vicepresidentes sectoriales y ministros de áreas estratégicas.

Por Miguel Santos García

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una conferencia de prensa que Estados Unidos gobernará Venezuela, dando la impresión de que la nueva presidenta, Delcy Rodríguez , quien ocupó el cargo hasta el secuestro del vicepresidente por parte de Maduro, cumplirá las órdenes de Estados Unidos. Horas después de la conferencia de prensa de Trump, Delcy Rodríguez pronunció un discurso televisado en la nación sudamericana en el que dejó claro que consideraba a Estados Unidos un invasor ilegal que debía ser repelido. Su desafío a Trump dejó claro que los planes de Trump de invadir y gobernar Venezuela como un premio estadounidense enfrentarán muchos más obstáculos de los que sugirió en su conferencia de prensa del sábado, en la que declaró la victoria en Venezuela.

Dicho esto, el desafiante discurso televisado de Delcy Rodríguez , condenando a Estados Unidos como invasor ilegal, podría ser un acto performativo estrictamente conforme a su parte de un acuerdo clandestino. Su furia pública y sus promesas de resistencia le brindan una cobertura política esencial, permitiéndole mantener su credibilidad y autoridad ante la base bolivariana y el ejército, mientras en privado se atiene a los términos que permitieron la destitución de Maduro.

Esta calculada muestra de desafío garantiza que la arquitectura sobreviviente del gobierno venezolano pueda gestionar la transición, posicionando a Rodríguez como un líder de la “resistencia” en lugar de un colaborador en una rendición negociada.

Desenredando el trato

Trump también alegó una serie de detalles operativos específicos sobre la acción militar en Venezuela, enfatizando que, si bien varios operativos de las fuerzas especiales estadounidenses resultaron heridos, no hubo bajas estadounidenses. Según Trump, el asalto contó con un poder aéreo abrumador, con aproximadamente 150 aeronaves desplegadas para controlar los cielos y responder a cualquier amenaza, aunque una aeronave de ala fija y varios helicópteros sufrieron daños reparables. Una clave para la supuesta velocidad y éxito de la operación fue la destrucción previa de los sistemas de defensa aérea venezolanos, lo que permitió que los helicópteros de las fuerzas especiales alcanzaran su objetivo sin obstáculos. Sin embargo, a pesar de que Venezuela posee defensas aéreas avanzadas como el S-300 y MANPADS portátiles, útiles contra helicópteros, el ejército venezolano no los desplegó contra el asalto estadounidense. Trump concluyó afirmando que Estados Unidos mantenía la opción de ejecutar nuevos ataques contra Venezuela de ser necesario.

La narrativa meticulosamente elaborada de una audaz incursión militar, con detalles operativos y relatos de heroísmo, cumple un propósito político crucial: ocultar el escenario mucho más probable de una rendición negociada de Venezuela. Al glorificar el violento espectáculo de una captura, el relato suprime activamente la incómoda verdad de que el éxito de la operación casi con certeza requirió, y fue resultado de, un acuerdo previo con facciones poderosas dentro del propio régimen de Maduro. Este énfasis en una fuerza abrumadora enmascara un acuerdo entre bastidores en el que las élites del régimen, en particular las del ejército y los servicios de inteligencia, intercambiaron al presidente por garantías de su propia seguridad, supervivencia política y protección contra el enjuiciamiento, transformando una posible invasión sangrienta en una transición controlada que benefició tanto a la potencia invasora como a la estructura de poder existente, a expensas de una narrativa revolucionaria.

En octubre escribí un artículo » ¿Pueden Rusia y China proyectar poder militar para ayudar a Venezuela? «, que los lectores curiosos deberían leer para comprender las limitaciones de cualquier ayuda de las potencias del hemisferio oriental. Sin embargo, la pregunta de por qué Rusia y China no pueden proteger a sus supuestos socios puede responderse hoy con otra pregunta: ¿Por qué el ejército venezolano no luchó contra Estados Unidos?

Las preguntas entrelazadas de por qué potencias globales como Rusia o China no pueden proteger a sus socios y por qué los ejércitos locales a veces se niegan a luchar muestran un factor fundamental en las relaciones internacionales, que es que el cálculo del poder es en última instancia local, nacional y profundamente personal.

En el caso de Venezuela, a pesar de años de apoyo político, económico y retórico de Moscú y Pekín, incluyendo la venta de armas, ejercicios militares conjuntos, protección diplomática en la ONU y acuerdos económicos, el ejército venezolano no montó una defensa convencional ante la amenaza palpable de una intervención estadounidense. Esto no se debió a una falta de compromiso ruso o chino en ese momento, sino a que la principal lealtad del gobierno y el ejército venezolanos era su propia supervivencia institucional y la estabilidad del Estado que representa. Para los altos mandos, una guerra contra Estados Unidos no era una lucha ideológica ganable, sino un acto suicida que garantizaría su destrucción y el colapso de la nación.

Esta dinámica expone las graves limitaciones de la protección del «aliado percibido» en un mundo unipolar, o ahora multipolar. Rusia y China pueden proporcionar disuasión, salvavidas económicos y cobertura diplomática, pero no pueden implantar su voluntad en las estructuras de mando de naciones soberanas. La protección que ofrecen existe dentro de un rango específico, es potente contra sanciones, potente en conflictos indirectos donde controlan el terreno, como en Siria para Rusia, y potente para proporcionar las herramientas de seguridad interna; sin embargo, se topa con una línea roja inflexible en la confrontación militar directa y convencional con Estados Unidos. Para Caracas, Moscú y Pekín eran fuentes de resiliencia contra el cambio de régimen, no garantías de victoria en una guerra caliente. Cuando se presentó la disyuntiva definitiva entre la capitulación y la aniquilación, la potencia local optó por preservarse, entendiendo que sus socios de gran potencia no escalarían, y probablemente no podrían, a una guerra mundial en su nombre.

Además, el ejemplo venezolano subraya que la naturaleza misma de las alianzas percibidas suele ser asimétrica y transaccional. Para Rusia y China, Venezuela es un nodo estratégico en una contienda más amplia, un punto de apoyo en el patio trasero de Estados Unidos, una fuente de acuerdos energéticos y un símbolo de resistencia a la hegemonía occidental. Sin embargo, para el ejército venezolano, el deber primordial es con la integridad territorial de la nación y su propia continuidad institucional. Cuando se materializa una amenaza externa de fuerza abrumadora, los beneficios ideológicos y transaccionales de la alianza distante palidecen ante la realidad inmediata de la supervivencia. Ninguna propaganda rusa ni préstamos chinos pueden convencer a un general de ordenar a sus tropas a una batalla donde serán aniquiladas, invitando a la ruina total de su país, para el beneficio geopolítico de un socio al otro lado del mundo.

En última instancia, la cuestión de la protección remite a la esencia de la soberanía y el interés. Rusia y China protegen a sus aliados en la medida en que ello contribuya a sus intereses estratégicos y evite una escalada catastrófica. No son garantes de la seguridad global, como lo haría un tratado de defensa mutua como la OTAN. Por el contrario, los ejércitos de naciones como Venezuela no son fuerzas mercenarias de potencias extranjeras, sino instituciones nacionales con un instinto de supervivencia profundamente arraigado. Por lo tanto, la incapacidad de proteger no siempre se debe a un fallo del protector, sino más bien a un reflejo de una realidad fría y local: ante una confrontación existencial, los protegidos actuarán, en última instancia, en función de su propio interés nacional, que podría ser retirarse, no librar una guerra condenada al fracaso por el prestigio de un patrón distante. La retirada de los militares venezolanos no fue una traición a Moscú ni a Pekín, sino una afirmación definitiva de esta lógica sobria e implacable.

La retirada venezolana y la comparación con Siria

El impactante colapso de la resistencia venezolana ante una intervención militar estadounidense, sin una batalla defensiva importante y coordinada, puede entenderse mejor como un fracaso catastrófico de la resiliencia del régimen. Este concepto se ve ahora trágicamente subrayado por el colapso paralelo y definitivo del Ejército Árabe Sirio y el régimen de Asad a finales de 2024. La comparación entre Caracas y Damasco revela un factor: si bien la cohesión interna de un ejército puede evitar el colapso durante años, como en Siria, su resistencia definitiva ante amenazas internas y externas combinadas depende de un frágil cálculo del patrocinio extranjero y de la disposición del líder a luchar hasta la muerte. Ambos casos demuestran que, cuando ese cálculo se desmorona, la voluntad de las instituciones militares y gubernamentales de sacrificarse por el líder se evapora, priorizando su propia continuidad o supervivencia.

En Venezuela, las fuerzas armadas se estructuraron como un instrumento de control político interno y clientelismo, no para la defensa externa existencial. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se transformó bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro , y su misión principal pasó a garantizar la revolución socialista. La lealtad se ganó a través del control de las industrias estatales, pero cuando se enfrentó a un ataque directo de EE. UU., esta configuración se desintegró. Para los oficiales superiores, la elección era entre la supervivencia personal e institucional y una aniquilación segura. La FANB no tenía un compromiso profundo y sacrificial con Maduro personalmente, ya que su principal lealtad era con el aparato estatal. Cuando ese aparato fue decapitado, ya sea por su desaparición o por el acuerdo que se estaba haciendo cuando EE. UU. presentó un ultimátum, la voluntad institucional de luchar se evaporó y optaron por preservar la cáscara del estado.

En Siria, el apoyo ruso e iraní fue decisivo durante más de una década, pero dependía de la existencia de una entidad local viable y combativa. Rusia podía ofrecer asilo, pero no libraría un asedio urbano condenado al fracaso en Damasco en nombre de un líder que ya había renunciado. De igual manera, en Venezuela, el apoyo ruso y chino creó un espejismo de fuerza, pero no pudo compensar la ausencia de voluntad local. Cuando estalló la crisis, el componente crítico, la voluntad del alto mando venezolano para ordenar el uso de defensas avanzadas y absorber una represalia devastadora, estaba ausente.

En definitiva, el destino de Siria y Venezuela muestra una brutal jerarquía en el conflicto moderno. En la cúspide se encuentra un ejército con una profunda cohesión existencial que lucha por un líder que comparte su destino. Justo debajo se encuentra un aparato militar y político con una lealtad transaccional a un líder que no supera la prueba definitiva del destino compartido, lo que conduce a una rápida capitulación institucional, como se vio tanto en Damasco como en Caracas. Los patrocinadores extranjeros como China y Rusia son multiplicadores de fuerza, no pilares fundacionales, y esto es aún más  cierto para los estados de la región de América Latina y el Caribe. Rusia y China solo pueden sostener una lucha ya existente; no pueden crear la voluntad de luchar de la nada, ni pueden sostenerla una vez que se rompe el compromiso del líder local con un destino compartido. El ejército venezolano eligió la preservación del Estado en lugar de una guerra por Maduro, tal como lo hizo finalmente el ejército sirio, aparentemente con un cálculo similar de retirarse.

• Miguel Santos García  es un escritor  y  analista político puertorriqueño   que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, la Nueva Guerra Fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog aquí . Colabora regularmente con Global Research.

Fuente: Global Research