El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, compareció ante un tribunal de Nueva York después de ser secuestrado el sábado 3 de enero por militares de los Estados Unidos en territorio venezolano y se declaró presidente prisionero de guerra. Rechazó también los cargos presentados contra él.
“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, declaró ante el juez, describiendo las circunstancias de su detención como una acción militar que violenta su inmunidad presidencial y la soberanía de su país.
La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos que se le imputa y pidió una visita consular para ella y para el presidente Maduro.
“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó Maduro, quien se refirió a la inmunidad presidencial y la legalidad de la detención. Señaló no conocer previamente los cargos que le imputaban, aspecto básico en el derecho procesal. El derecho internacional y las garantías del debido proceso establecen que todo acusado debe ser notificado formalmente de los cargos por los cuales se le acusa antes de ser sometido a detención o comparecencia judicia, recogen medios estadounidenses.
La primera dama Cilia Flores, quien fue capturada junto con Maduro durante el asalto y bombardeo, padece de lesiones importantes que no han recibido atención médica adecuada desde su su secuestro, hecho dado a conocer por el abogado de Flores, Mark Donnelly, quien señaló que las lesiones sufridas por la esposa de Maduro “se pueden ver” y describió las heridas como “importantes”, situación que constituye una violación flagrante de más de cuatro convenciones internacionales sobre el trato a personas detenidas y prisioneros.
Donnelly advirtió que Flores podría tener alguna fractura en su cuerpo así como posiblemente un hematoma severo en las costillas, por lo que debe ser sometida a una evaluación física completa. El juez Hellerstein indicó a la defensa coordinar con la fiscalía para garantizar la atención médica necesaria, sin especificar el origen de esas heridas ni establecer un plazo para la evaluación.
Las Convenciones de Ginebra y otros tratados internacionales establecen obligaciones claras sobre el trato humanitario a personas capturadas, incluyendo el acceso inmediato a atención médica cuando sea necesario, con lo cual los Estados Unidos perpetra una violación adicional del derecho internacional.
El juez ratificó el derecho de ambos detenidos a comunicarse con sus funcionarios consulares, según manda la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo a las 11:00 horas, siendo más de dos meses durante los cuales los detenidos permanecerán cautivos en los Estados Unidos.
En tanto, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, reiteró la vocación de paz de la nación sudamericana y presentó las solicitudes urgentes: “Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas”, expresó.
La primera de ellas insta al gobierno de los Estados Unidos de América a garantizar el respeto pleno de las inmunidades diplomáticas que corresponden a Maduro y su cónyuge Cilia Flores. Esta demanda incluye la liberación inmediata de cualquier acción contra ellos y su retorno seguro a la República Bolivariana de Venezuela.
Mientras tanto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela respondió ordenando que la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez asuma todas las funciones presidenciales en condición de encargada, garantizando así la continuidad institucional del Estado. Delcy Rodríguez presidió este domingo el Consejo de Ministros número 757, con la participación de los vicepresidentes sectoriales y ministros de áreas estratégicas.
