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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en su calidad de integrantes de la Junta General de Accionistas de Petroperú, reafirman de manera categórica que Petroperú no será privatizada y que el abastecimiento de combustibles está plenamente garantizado en todo el país, como parte del proceso de reorganización de la empresa estatal dispuesto mediante el Decreto de Urgencia N.º 010-2025.
Ambos ministerios precisaron que los activos estratégicos de Petroperú seguirán siendo de propiedad exclusiva del Estado peruano y estarán protegidos mediante fideicomisos, lo que descarta cualquier transferencia de titularidad. Si bien se contempla la participación de operadores privados, esta se dará bajo un esquema en el que dichos actores asumirán riesgos e inversiones, sin afectar la propiedad estatal ni el control de los activos.
Asimismo, el MEF y el MINEM aseguraron que la reorganización de la empresa garantiza la continuidad de toda la cadena de producción y suministro de combustibles, tanto al por mayor como al usuario final, descartando cualquier escenario de desabastecimiento a nivel nacional.
Como resultado de las medidas iniciales adoptadas por el Gobierno mediante el Decreto de Urgencia N° 010-2025 y el diálogo con los proveedores y acreedores, la empresa proveedora de Petroperú Unna Energía S.A. ha desistido de manera irrevocable continuar con el procedimiento concursal iniciado el 12 de diciembre de 2025 ante el Indecopi. Esto denota la confianza de los privados en las decisiones del Gobierno y las perspectivas favorables para Petroperú.
Diálogo transparente y hoja de ruta clara
En el marco de la implementación del Decreto de Urgencia, representantes del Gobierno —la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo; la presidenta del Directorio de Petroperú, Elba Rojas; y el presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio— sostuvieron una reunión informativa con los 12 sindicatos de trabajadores de Petroperú y congresistas de la República.
Durante el encuentro se explicó en detalle la situación actual de la empresa, el contenido de la norma y los principales hitos del proceso de reestructuración, el cual se ejecuta bajo principios de transparencia, apertura total y predictibilidad, priorizando el interés público.
Se informó que el Estado se encuentra actualmente en negociaciones con bonistas y CESCE, con el objetivo de alinear compromisos financieros, reducir contingencias y asegurar la sostenibilidad del proceso. En febrero, PROINVERSIÓN aprobará el Plan de Promoción, que establecerá reglas claras, etapas definidas y un cronograma preciso, garantizando transparencia, adecuada asignación de riesgos y predictibilidad para las inversiones.
En marzo, se suscribirán los fideicomisos que asegurarán la titularidad estatal de los activos estratégicos durante todo el proceso de reestructuración, fortaleciendo la gobernanza corporativa de Petroperú. Posteriormente, en abril, se ejecutará el proceso de promoción bajo criterios de competencia, objetividad y eficiencia; y en junio se adjudicarán y suscribirán los primeros contratos con capital privado, orientados a fortalecer la capacidad financiera de la empresa, asegurar su autosostenibilidad y garantizar su continuidad en el próximo gobierno.
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que estas medidas envían una señal clara de confianza a inversionistas y acreedores, al demostrar el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de las obligaciones financieras, la protección de los activos públicos y un proceso de reestructuración serio y responsable. “Con el Decreto de Urgencia protegemos a Petroperú, cuidamos los recursos públicos y priorizamos la sostenibilidad fiscal del país. Si no tomábamos decisiones hoy, Petroperú corría el riesgo real de perderse por completo en los próximos meses, ante un eventual proceso concursal iniciado por sus acreedores”, enfatizó la ministra.
Realidad financiera que exige cambios
Petroperú enfrenta una de las crisis financieras más severas de su historia, con deudas que superan los USD 5000 millones, poniendo en riesgo su continuidad operativa y la propiedad de activos estratégicos. Entre 2022 y 2024, el Estado tuvo que destinar S/ 17 888 millones en apoyo financiero, una carga significativa para las finanzas públicas que refleja la profundidad del deterioro.
A ello se suma una grave distorsión en el uso de recursos: el 55 % del gasto en personal se destina a 83 tipos de beneficios y gollerías, que en 2023 representaron más de S/ 276 millones adicionales, coexistiendo con una gestión deficiente y resultados financieros adversos.
“Nuestro mensaje es contundente: estamos poniendo fin a los excesos y a la mala administración de los recursos públicos para recuperar una empresa que pertenece a todos los peruanos y que fue llevada al borde del abismo”, remarcó la ministra Miralles.
Con esta reorganización, el Gobierno reafirma su compromiso de rescatar Petroperú, proteger el patrimonio de todos los peruanos y asegurar el abastecimiento de combustibles, actuando con responsabilidad, transparencia y visión de largo plazo.
