Gobierno apela fallo que anula expulsión de religioso Paul McAuley
Valiéndose de leguleyadas, el Gobierno apeló el fallo judicial sobre el recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa del religioso británico Paul McAuley, que declara nula la resolución que dispone su expulsión del país.
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Las leguleyadas se refieren a la forma, no al fondo, pues la Corte Superior de Loreto no halló sustento válido en las imputaciones fabricadas contra el religioso defensor del ambiente y de los derechos de los nativos.
El Ministerio del Interior considera que la resolución no tiene validez porque no fue recibida por procurador Pedro de las Casas, encargado del caso.
McAuley, religioso laico de la orden de La Salle, dedicada a la enseñanza, se encuentra en el Perú precisamente para realizar labores de enseñanza sobre la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos nativos, en concordancia con la doctrina social de la Iglesia Católica y las disposiciones de las Naciones Unidas.
Como se sabe, el Papa Benedicto XVI exhorta constantemente a respetar el medio ambiente y su preocupación por el asunto determinó que se considere pecado mortal o grave destruir la selva.
McAuley preside la Asociación Red Ambiental Loretana desde 2006 y el gobierno le notificó el 1.º de julio, mediante comunicación del Ministerio del Interior, que debía abandonar el país en un plazo de siete días por realizar actos “contra el orden público interior”, en un trámite tan grotesco que el expediente carecía de sustento en las imputaciones que se le formularon de forma abstracta, es decir, el acusado no sabía cuáles hechos concretos motivaron la resolución.
El religioso viene cumpliendo su misión a cabalidad en la vigilancia del uso de los recursos naturales y los derechos de las comunidades indígenas de la selva peruana, habiendo llegado a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional contra las concesiones forestales y denuncias por contaminación petrolera contra empresas como la argentina Pluspetrol.
Tras la persecución desatada por el Gobierno, McAuley ha recibido el respaldo de numerosas personalidades religiosas y civiles, y de la población, que realizó marchas de protesta contra la expulsión.
El Ministerio del Interior considera que la resolución no tiene validez porque no fue recibida por procurador Pedro de las Casas, encargado del caso.
McAuley, religioso laico de la orden de La Salle, dedicada a la enseñanza, se encuentra en el Perú precisamente para realizar labores de enseñanza sobre la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos nativos, en concordancia con la doctrina social de la Iglesia Católica y las disposiciones de las Naciones Unidas.
Como se sabe, el Papa Benedicto XVI exhorta constantemente a respetar el medio ambiente y su preocupación por el asunto determinó que se considere pecado mortal o grave destruir la selva.
McAuley preside la Asociación Red Ambiental Loretana desde 2006 y el gobierno le notificó el 1.º de julio, mediante comunicación del Ministerio del Interior, que debía abandonar el país en un plazo de siete días por realizar actos “contra el orden público interior”, en un trámite tan grotesco que el expediente carecía de sustento en las imputaciones que se le formularon de forma abstracta, es decir, el acusado no sabía cuáles hechos concretos motivaron la resolución.
El religioso viene cumpliendo su misión a cabalidad en la vigilancia del uso de los recursos naturales y los derechos de las comunidades indígenas de la selva peruana, habiendo llegado a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional contra las concesiones forestales y denuncias por contaminación petrolera contra empresas como la argentina Pluspetrol.
Tras la persecución desatada por el Gobierno, McAuley ha recibido el respaldo de numerosas personalidades religiosas y civiles, y de la población, que realizó marchas de protesta contra la expulsión.
