Alertan sobre amnistía para violadores de DD. HH.
Por Instituto de Defensa Legal
Decretos legislativos buscan liberar a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad
Los organismos de derechos humanos alertaron que el gobierno busca beneficiar —con los últimos decretos legislativos— a todos los implicados en graves casos de violación de los derechos humanos ocurridos entre los años 80 y 90, entre ellos el Caso Frontón, Cayara, Accomarca, la Cantuta, Barrios Altos, la matanza del penal Castro Castro, Mariela Barreto, entre otros.
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Por Instituto de Defensa Legal
Decretos legislativos buscan liberar a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad
Los organismos de derechos humanos alertaron que el gobierno busca beneficiar —con los últimos decretos legislativos— a todos los implicados en graves casos de violación de los derechos humanos ocurridos entre los años 80 y 90, entre ellos el Caso Frontón, Cayara, Accomarca, la Cantuta, Barrios Altos, la matanza del penal Castro Castro, Mariela Barreto, entre otros.
Según denunciaron los abogados de las diversas entidades, con estos Decretos Legislativos (DL N.º 1097–1095–1094–1096), resultarían directamente beneficiados el actual presidente Alan García, el sentenciado Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y militares cómo Santiago Martin Rivas, Telmo Hurtado Valencia, Carlos Pichilingüe Guevara, Sosa Saavedra, entre otros.
El DL N.º 1097 señala, que solo se considera crimen de lesa humanidad aquellos delitos cometidos luego del año 2003 y no precisamente, los crímenes cometidos durante el período de violencia política (80 y 90). Al respecto, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), alertó que “con estas normas, la sentencia dictada por la sala de César San Martín, se quedaría en “offside” pues ahora, lo que cometió Fujimori ya no es crimen de lesa humanidad”.
“Estos decretos solo son comparables con la ley de amnistía de 1995, porque se busca excluir de los casos a los procesados por los derechos humanos. Ciertamente, estos decretos son más sofisticados, pero apuntan a lo mismo, son parte de una campaña de la alianza del gobierno con el fujimorismo, y con los sectores vinculados a los actos de corrupción”, agregó Rivera.
El decreto N.º 1097 además, hace referencia al “sobreseimiento parcial”, es decir, los procesos judiciales que cumplan determinado tiempo (18 meses para procesos simples y 36 meses para procesos complejos), podrían ser archivados solo con la solicitud del juez. Respecto a este punto, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano, indicó que “el caso Frontón ya ha culminado el tiempo y seguramente ya se podrían presentar los escritos para archivar el caso, también el caso Cayara, donde quedarían fuera de cargo varios generales procesados”.
Por su parte, Miguel Jugo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), indicó que este escenario significa un grave retroceso en la búsqueda de lograr justicia en materia de derechos humanos.
Finalmente, Miguel Huerta de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), señaló algunas de las acciones que los organismos ya están realizando al respecto: un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un pedido para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se dirija al gobierno a través de un pronunciamiento, así como, la interposición ante el Tribunal Constitucional, de una acción de inconstitucionalidad de los decretos aprobados.
El DL N.º 1097 señala, que solo se considera crimen de lesa humanidad aquellos delitos cometidos luego del año 2003 y no precisamente, los crímenes cometidos durante el período de violencia política (80 y 90). Al respecto, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), alertó que “con estas normas, la sentencia dictada por la sala de César San Martín, se quedaría en “offside” pues ahora, lo que cometió Fujimori ya no es crimen de lesa humanidad”.
“Estos decretos solo son comparables con la ley de amnistía de 1995, porque se busca excluir de los casos a los procesados por los derechos humanos. Ciertamente, estos decretos son más sofisticados, pero apuntan a lo mismo, son parte de una campaña de la alianza del gobierno con el fujimorismo, y con los sectores vinculados a los actos de corrupción”, agregó Rivera.
El decreto N.º 1097 además, hace referencia al “sobreseimiento parcial”, es decir, los procesos judiciales que cumplan determinado tiempo (18 meses para procesos simples y 36 meses para procesos complejos), podrían ser archivados solo con la solicitud del juez. Respecto a este punto, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano, indicó que “el caso Frontón ya ha culminado el tiempo y seguramente ya se podrían presentar los escritos para archivar el caso, también el caso Cayara, donde quedarían fuera de cargo varios generales procesados”.
Por su parte, Miguel Jugo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), indicó que este escenario significa un grave retroceso en la búsqueda de lograr justicia en materia de derechos humanos.
Finalmente, Miguel Huerta de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), señaló algunas de las acciones que los organismos ya están realizando al respecto: un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un pedido para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se dirija al gobierno a través de un pronunciamiento, así como, la interposición ante el Tribunal Constitucional, de una acción de inconstitucionalidad de los decretos aprobados.
