Presidenta del CNM debe ser investigada por el Congreso

Las irregularidades que ha cometido la actual presidenta encargada del Consejo Nacional de la Magistratura CNM, Luz Marina Guzmán Díaz, al falsificar 400 firmas para acceder al cargo y además al acogerse indebidamente al régimen pensionario de la Ley 20530, son razones poderosas para que el Congreso de la República inicie una investigación que conduzca a su destitución.

 

Así opinó el congresista y candidato al Parlamento por Perú Posible, Víctor Andrés García Belaunde, quien calificó como un abuso del derecho, por parte de la consejera, el haber cobrado de manera indebida como pensionista de la “Cédula Viva”, que permite actualizar las pensiones en función de los incrementos a los trabajadores activos. “Es repudiable, es un hecho que tiene que ser investigado y también sancionado”, consideró el parlamentario, quien es además integrante de la Comisión de seguridad Social del Congreso.

¿Y la Fiscalía?
García mostró su profunda extrañeza por la inacción de la Fiscalía de la Nación que hasta el momento no se ha pronunciado en torno a las acusaciones que pesan sobre Guzmán, a pesar de existir ya denuncia formal por la falsificación de firmas.

Frente a esta actitud de la fiscal Gladys Echaiz, dijo que “existe un camino expeditivo para poder acusarla constitucionalmente, tramitar su investigación y a través de la Comisión de Acusaciones (Constitucionales), destituirla”. También Javier Diez Canseco, aspirante al Congreso por las filas del movimiento Gana Perú, sostuvo que es momento de pedirle a la Fiscalía que responda sobre las acciones que ha adoptado frente a un hecho que es de conocimiento público hace ya un buen tiempo, como es la denuncia que hizo nuestro diario sobre la falsificación de firmas.

“Ante una inacción en este terreno, el Congreso debe intervenir”, sostuvo el político, quien consideró que la denuncia de incorporación irregular de la consejera a la 20530 es otro hecho grave que debería ser inmediatamente esclarecido, porque evidencia una inconducta que pone en cuestión la representación que tiene la consejera y la ética que debe enmarcar su función.

Clarísimo

Aún cuando el tema de la falsificación de firmas es de por sí grave e invalida su elección a tan importante cargo, estimó. Diez Canseco evaluó que el uso irregular del Decreto Ley 20530 está clarísimo, tal como lo ha denunciado LA PRIMERA, pues hay aún año límite en el cual la persona tiene que estar trabajando para poder acogerse a la Cédula Viva.

Explicó que los estudiantes pueden retrotraer sus años de universidad, pero no es el caso de la licenciada Guzmán, quien ingresó a trabajar en el año 1986 a la seguridad social, gestionando su pensión en dicha entidad.

El ex senador y constituyente fue muy claro en señalar, sin embargo, que ante estas irregularidades a quien hay que exigir una respuesta en primer término es al propio CNM, pues como toda institución, debe tener su propio órgano de control y, por lo tanto, asumir la vigilancia de la conducta y reglas éticas dentro de su organización.

LA PRIMERA entidad que debe responder es el CNM mismo y si éste no es capaz de hacerlo, entonces el control debe venir desde afuera y tendrá que intervenir el Congreso, manifestó.

No les temblará la mano
Consultado por este diario, Julio Mendigure, decano del Colegio de Enfermeros del Perú, reiteró su pedido para que el Ministerio Público culmine las investigaciones sobre la falsificación de 400 firmas que pesa sobre Luz Marina Guzmán y señaló que su institución no saldrá en defensa de la consejera de ser hallada responsable de este ilícito.

El representante de los enfermeros fue muy enfático en señalar que de ser ciertas estas imputaciones, no les temblará la mano para tomar medidas disciplinarias en contra de su delegada ante el CNM, como ocurrió en una anterior oportunidad con el enfermero Efraín Javier Anaya Cárdenas sancionado después que se comprobó que trató de cobrar a un fiscal para garantizar su ratificación.

Señaló que la actual presidenta encargada del CNM ha presentado un informe ante este colegio en el cual niega haber incurrido en el delito de falsificación. “Nosotros por supuesto tenemos en cuenta el beneficio de la duda y la presunción de inocencia, pero si el Ministerio Público le encuentra responsabilidad no tendremos ningún reparo en aplicar una sanción drástica como en el anterior caso”, expresó. Mendigure indicó también que el Colegio de Enfermeros del Perú suscribió un convenio con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para revisar el padrón de los profesionales colegiados en este colegio profesional.


Andrés Fernando Galindo
Colaborador, La Primera