Denuncian a Fiscal de la Nación y otros magistrados
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dio cuenta, el lunes 17, del ingreso de seis denuncias constitucionales, los cuales serán calificados para su admisión en la próxima sesión.
Fue durante la sesión de instalación de este grupo de trabajo que será presidido por el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP), quien informó del ingreso de quince nuevas denuncias constitucionales desde el mes de agosto hasta la fecha.
El legislador informó que las otras denuncias se darán cuenta progresivamente. También señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales heredó del quinquenio 2006-2011 un total de 41 denuncias, de los cuales dieciocho están en diversas etapas de investigación, y 23 nunca fueron analizadas. Estas últimas serán remitidas al Consejo Directivo para su renumeración para el trámite reglamentario.
Seguidamente, la secretaría técnica dio lectura a las denuncias constitucionales, entre ellas contra Elcira Vásquez Cortez, jefe de Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), por supuesta infracción constitucional, al negar información solicitada.
También contra los fiscales supremos Avelino Guillen y Carlos Ramos Heredia, por el supuesto delito de retardo ilegal de actos funcionales, al no resolver una denuncia interpuesta en los plazos de ley.
Otro de los denunciados es el ministro del Interior, Oscar Valdés Dancuart, por supuestamente negar auxilio de la fuerza pública en ejecución de sentencia.
Asimismo, se acusa al ex fiscal supremo Percy Peñaranda Portugal, por supuesto delito de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. De la misma manera se denunció al ex congresista Aldo Estrada Choque por el supuesto delito de retardo ilegal de actos funcionales, al no resolver un proceso administrativo interpuesto en el plazo señalado por ley.
Finalmente, se dio cuenta de la denuncia interpuesta por Genaro Ledesma contra el Fiscal de la Nación, Antonio Peláez Bardales, y los jueces de la sala Civil Transitoria, Víctor Tijuana, José Palomino García, Francisco Miranda Molina, Ana María Aranda Rodríguez y Ana María Valcárcel Saldaña por supuesto delitos de prevaricato, desobediencia, abuso de autoridad y patrocinio ilegal, por aplicar artículos derogados de la Ley 29057.
Otro de los acuerdos adoptados fue reprogramar las sesiones de este grupo de trabajo para los días lunes a partir de las 2 de la tarde.
Durante la sesión, la congresista María Pérez Tello (APGC) planteó la modificación del reglamento del Congreso para que la realización de audiencias y votación de los informes finales se realicen con la asistencia de la mayoría y no con la totalidad de los miembros.
García Belaunde hizo suya esa propuesta y manifestó que el desarrollo de audiencias públicas y la votación de los informes finales quedaron frustrados por no contar con la asistencia de los doce miembros como señala el Reglamento del Congreso. Javier Velásquez Quesquén (CP) planteó derivar este tema al Pleno del Congreso.
