Suspenderían a congresista Anicama por 120 días
Descargos de la parlamentaria fueron pueriles
Existe el criterio unánime en los congresistas miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria de suspender en sus funciones, por 120 días, a la congresista Elsa Celia Anicama Ñáñez (NGP) y remitir su caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por considerar que ha cometido delitos penales por presuntamente hurtar señales de cable y retransmitirlos ilegalmente, por el cobro de 30 soles, en la provincia iqueña de Pisco.
Este temperamento se captó en la sesión que realizó ese grupo de trabajo en la Sala Bolognesi, a la cual asistió la representante nacionalista para sustentar su defensa, pero se mostró evasiva ante las preguntas de diferentes parlamentarios.
Sin embargo, el presidente de la comisión, Humberto Lay Sun (APGC), manifestó que la sanción contra Anicama recién podrá ser adoptada mañana miércoles 26 después de que se apruebe el reglamento del grupo de trabajo, pero con la celeridad que ameritan los diferentes casos de congresistas supuestamente implicados en inconductas funcionales.
Durante el debate de la reunión de hoy martes 25, el congresista Juan Díaz Dios (GPF) manifestó que a la parlamentaria Anicama se le debería suspender 120 días por la gravedad de la denuncia y mostrarse evasiva en las respuestas que daba a las interrogantes formuladas por sus colegas legisladores.
Señaló que debería culpársele de simulación de divorcio con su cónyuge, Eloy Yong Meza, para evadir su responsabilidad política. Respaldó la propuesta del congresista Mauricio Mulder (CP) para que el caso de Anicama sea remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por tener indicios de haber cometido delitos penales.
Mulder también señaló que debería aplicarse la máxima sanción porque las pruebas de la denuncia interpuesta contra la representante son tan evidentes que sería perder el tiempo formularle preguntas a las que, además, las rehuye con otros comentarios salidos de contexto.
Sergio Tejada Galindo (NGP), aparte de señalar que la bancada nacionalista no blindará a ninguno de sus miembros que son investigados, inquirió a la denunciada que manifieste la diferencia administrativa de la empresa Orión antes y después de que supuestamente entregó la gerencia general a su cónyuge. Anicama no respondió nada.
Tejada opinó que a Anicama se le debería hacer un informe reglamentario a fin de que sea sancionada con la máxima pena. Juan Castagnino Lema (AP) también le preguntó si tenía documentos que probaran tener contratos con las empresas privadas CMD, RPP y Canal N, pero Anicama no centró sus respuestas a la consulta.
Durante su defensa, Anicama dijo que en 1994 fundó conjuntamente con su esposo la empresa Orión Radio y Televisión EIRL y que en 1999 se divorció de su esposo “por motivos políticos”. Añadió que en marzo pasado le dejó la gerencia general de la empresa a él y que es el responsable de todo lo que difundiera Orión.
Sin embargo, aceptó seguir siendo dueña de la empresa en cuestión, pero no responsable de lo que se difundiera al pueblo pisqueño. Manifestó ser víctima de una conjura en contra de su imagen política dirigida por la corrupción. Señaló que en esta campaña de satanización estarían involucrados diferentes medios de comunicación.
Precisó que Orión tiene licencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para operar en Pisco. Entre sollozos argumentó que su labor era trabajar por los más pobres, pero anotó que la corrupción no la dejaba trabajar sino que la entorpecía en su labor.
Al final, Lay manifestó que, ante las evasivas de la congresista Anicama, se daba por concluida su participación.
La Comisión de Ética Parlamentaria, ante la solicitud del congresista Omar Chehade (NGP), de pedir que se le investigue, citó para el jueves 27 a fin de tratar su caso. También rechazó la solicitud del legislador Eulogio Romero Rodríguez, de posponer por cuarta vez la audiencia a la que fue oportunamente citado.
“Si no asiste mañana, será una nueva inconducta que se añadirá a su expediente”, remarcó Lay.