Ejecutivo envía al Congreso proyecto para impedir inscripción en JNE de organizaciones violentistas

Iniciativa será enviada al Congreso con carácter de urgencia para su pronta aprobación.

El Ejecutivo aprobó hoy un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Partidos Políticos, en los artículos 5 y 14, a fin de imposibilitar la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de organizaciones que pretendan socavar el orden democrático en el país.

 

El titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez, indicó que la iniciativa aprobada en la sesión del Consejo de Ministros será enviada con carácter de urgencia al Congreso de la República para su pronta aprobación.

En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, destacó que el proyecto de ley constituye un paso fundamental para preservar la democracia en el Perú evitando que grupos que promueven actitudes violentistas formen parte del sistema político.

“No es posible que exista la posibilidad de que la democracia en el Perú esté en peligro con el ingreso de personas violentistas al sistema político”, señaló Jiménez Mayor.

Precisó que la iniciativa de ley podrá aplicarse en los casos de las organizaciones cuyas solicitudes de inscripción ante el JNE se encuentren en proceso de trámite.

Como se recuerda, el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MODAVEF), en el que militan personas sentenciadas por terrorismo, solicitó ante el Jurado Nacional de Elecciones su inscripción como partido político.

Cobros de reparación civil a terroristas

En otro momento, el titular de Justicia informó que el Consejo de Ministros también aprobó un Decreto Supremo que establece la imposibilidad de libertades por redención de penas en los casos de corrupción, terrorismo y otros delitos graves cuando no se cumpla con el pago de la reparación civil.

Recordó que las personas condenadas por terrorismo en el país le deben al Estado peruano 3,980 millones de nuevos soles; en tanto que los sentenciados por corrupción adeudan 983 millones de nuevos soles.

“Esta es una situación indignante que el gobierno quiere alertar y, por supuesto, hemos dado instrucciones a los procuradores públicos para que comencemos a cobrar estos montos que no han sido pagados”, puntualizó.