Mientras el presidente Ollanta Humala proclama “inclusión” y aparenta generosidad con los pobres, la verdad es otra. A poco de instalarse en el gobierno, la neglicencia del humalismo causó muerte y enfermedad en el programa Pronaa, que inmediatamente cambiaron por Qali Warma poniendo al frente a la ministra chilena de Inclusión Carolina Trivelli, quien lo primero que perpetró fueron faenones y la instalación de burócratas incompetentes en una planilla dorada.
La planilla dorada se mantiene, para eso sí hay recursos, pero continúa la burla y el abandono a los niños sobrevivientes de la intoxicación, pese a las promesas.
Así se engaña a los pobres insultándolos con migajas, como si fuesen mendigos, en lugar de desarrollar fuentes de trabajo digno en zonas rurales, pese a su gran potencial.
Sobre esta materia, informa así El Comercio:
Cajamarca: niños intoxicados con alimentos del Pronaa el 2011 tienen secuelas
Aulas, apoyo médico y canales de riego son las promesas que no llegaron a Redondo, donde se intoxicaron 68 niños y murieron 3
MAYER ABANTO
El Comercio
Mientras recuerda el día en que murió su hijo, María Gladis Torres Palacios lanza una mirada en la que se mezclan el dolor y la desconfianza. “Somos familias pobres y sabemos que para nosotros no hay justicia”, se queja María, segundos antes de quebrarse en llanto. En ese momento se escucha murmurar a su esposo: “Mis hijos ya no han quedado bien, cuánto uno sufre para criar un hijo para verlo morir por alimentos en la escuela”.
Su hijo Miguel Ángel Díaz Torres, de 9 años, murió hace dos al consumir los alimentos que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) distribuyó en su precaria escuela del caserío de Redondo. Fiorela Sánchez Roncal y Darwin Gamboa Bautista, ambos de 7 años, también fueronvíctimas de una negligencia –aún no sancionada– que permitió que su almuerzo estuviera contaminado con pesticidas.
Redondo es uno de los caseríos más pobres del distrito de Cachachi. Se llega por un camino de trocha después de seis horas de viaje desde Cajamarca. Su población estimada en 120 familias se dedica a la agricultura y, en menor medida, a la ganadería. Ellos conviven con la extrema pobreza y con la herida que se abrió por la intoxicación de 68 escolares en setiembre del 2011.
PROMESAS SIN CUMPLIR
Fredy Marquina, alcalde de Cachachi, menciona que los ministerios prometieron canales de riego, agua potable, infraestructura para la nueva escuela primaria, asistencia médica, una dieta especial y hasta una ambulancia para la comunidad. El Gobierno Regional de Cajamarca también prometió una casa comunal y un puesto de salud. Hasta ahora solo se ha iniciado la construcción de la escuela primaria.
“En mi aula el ausentismo es elevado. Los niños tienen un rendimiento muy bajo”, se lamenta el profesor Wilson Antonio Huaccha Ávila. “Nos prometieron traer tres aulas prefabricadas, pero ninguna llegó ni en foto”, ironiza el profesor Huaccha mientras dicta su clase a la intemperie.
Hernán Ordaz Torres, de 10 años, cuenta temeroso que él perdió a su mejor amigo, Darwin Gamboa Bautista. “Con él íbamos juntos a la escuela todos los días”, dice mientras aclara que la escuela queda a una hora caminando desde su casa.
El maestro Huaccha señala que el trabajo para la recuperación de los alumnos no termina. “Se ha logrado que vuelvan a sentir confianza para consumir los alimentos, pero aún falta mucho tratamiento para recuperar a los alumnos”, agrega. Dieciocho de los estudiantes afectados arrastran secuelas de gastritis y constantes mareos. El equipo de salud que llegó a la zona se retiró a los seis meses de la tragedia.
SIN SANCIONES
FUNCIONARIOS
Dante Mendoza, jefe del Pronaa en el 2011, fue destituido pocos días después. Aída García Naranjo, la entonces ministra de la Mujer, fue cambiada, pero es nuestra actual embajadora en Uruguay. El día de la tragedia no viajó a la zona y bailó en una actividad del Inabif.
SECUELAS
El centro de salud de Cachachi alerta que los niños afectados por la intoxicación tienen una mala digestión. El Gobierno Regional de Cajamarcase comprometió a brindarles tratamiento postraumático –valorizado en 313 mil soles–, pero no cumplió.
El Comercio, 06.10.13