Promulgación no sería punzada final. Omnipotente ministro Castilla anunció un nuevo “paquetazo” para los próximos días.
Servindi, 16 de julio, 2014.- El sábado 12 de julio se promulgó el denominado “paquetazo” de medidas para reactivar la economía del país. La norma que muchos encuentran semejante en gravedad a los decretos que motivaron las protestas amazónicas en 2009, ha sido catalogada de duro golpe a la institucionalidad, el control y la gestión ambiental en el Perú.
Si bien las medidas no están referidas enteramente al tema ambiental, este ha sido sin duda el capítulo que más polvo ha levantado, incluso en el interior del propio Ejecutivo.
El 19 de junio el Ejecutivo emprendió la tarea de hacer llegar a las diferentes comisiones del Congreso las reformas planteadas para reactivar la economía y mantener los índices de crecimiento del producto bruto interno (PBI).
Los cuestionamientos no se hicieron esperar. Las llamadas de atención asomaron desde lasociedad civil, la Defensoría del Pueblo e incluso desde la propia coordinadora residente de lasNaciones Unidas.
Las críticas más duras se armaron en torno a los recortes de funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM).
Según la propuesta del Ejecutivo, que ahora es de cumplimiento por haberse promulgado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) durante tres años solo podrá sancionar de manera excepcional.
Y cuando le corresponda hacerlo lo hará recurriendo a medidas correctivas, es decir sin multar, en un tópico que ha sido considerado un retroceso en la fiscalización y control ambiental que abre puertas a la impunidad de la industria irresponsable.
En caso de que las medidas correctivas no se cumplan, recién el OEFA podrá multar pero solo hasta por el 50 por ciento del máximo que puede imponer actualmente.
En la propuesta primigenia del Ejecutivo este porcentaje no sobrepasaba el 35 por ciento. Tras un debate en la Comisión Permanente del Congreso el 3 de julio se llegó a establecer el tope de 50 por ciento.
¿Y dónde está el ministro?
La pregunta hasta esta parte es cuál fue la posición que mantuvo antes estos debilitamientos y recortes a la institucionalidad ambiental el ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal.
El 20 de junio, en una entrevista para el canal del Estado, permitió a quien lo entrevistaba sacar conclusiones por él.
Las mismas daban cuenta de su disconformidad, al menos parcial, con las normas propuestas por el Ejecutivo. Y reconocía que se mantendría en el cargo para evitar la desaparición del OEFA a manos de un grupo de empresas.
En otra aparición en medios, la segunda semana de julio, Pulgar-Vidal descartó que el paquete económico vaya a afectar los acuerdos ambientales contenidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) refutó sus declaraciones al sostener que en el TLC que Estados Unidos firmó con el Perú, a diferencia de otros tratados de libre comercio, el tema ambiental tiene carácter vinculante.
En una entrevista al programa Puntos de Vista, Urrunaga citó lo señalado en el artículo 18.3.2 del tratado en donde se prohíbe a los dos países debilitar su legislación ambiental para atraer inversiones.
Lo que siguió después fue el viaje que hizo junto a Ollanta Humala a Alemania para ser parte del V Diálogo de Petersberg sobre el Clima, que empezó el lunes 14 de julio en Berlín.
De más está decir que Pulgar-Vidal viene haciendo eco de las declaraciones de Humala Tasso referidas a su supuesto interés en el medio ambiente y los daños que la minería genera en él.
Desde que el paquetazo salió de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con dirección al Congreso de la República, varias han sido las versiones que han circulado en torno a su probable renuncia.
Esta semana periódicos y radios locales levantaron nuevamente el tema con más fuerza. Al parecer su renuncia ya se habría dado.
Lo cierto hasta ahora es que a menos de seis meses de la realización en Lima de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20), la frágil y débil institucionalidad ambiental en el Perú ha quedado herida de muerte.
Mientras, el Gobierno ya ha dado a conocer la creación de un nuevo paquete de normas para combatir la desaceleración económica. El 28 de julio, fecha en que el Perú celebra su independencia, se conocerá más al respecto. Al menos así lo ha dejado claro Ollanta Humala.
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