Participaron los titulares de los tres poderes del Estado. Además de la PCM, Defensoría del Pueblo, JNJ, Contraloría y gobiernos regionales y locales
La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra lideró hoy el Consejo de Estado en el cual se aprobó medidas destinadas a intensificar la lucha contra la inseguridad ciudadana, mejorar el sistema de justicia, fortalecer el control migratorio y asegurar el crecimiento económico del país.
Los acuerdos alcanzados reflejan el compromiso del Gobierno en articular esfuerzos entre las distintas entidades del Estado con el fin de asegurar la seguridad y bienestar de todos los peruanos.
“Este Consejo abordó, al más alto nivel, temas que no pueden esperar, y la presencia de todos ustedes demuestra que el Perú se pone de pie para vencer la inseguridad generada por la delincuencia organizada, y garantizar el crecimiento y la estabilidad del país”, subrayó la mandataria desde Palacio de Gobierno, lugar donde se realizó el Consejo de Estado.
En dicha sesión participaron los titulares del Congreso de la República, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Junta Nacional de Justicia, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo; además de ministros de Estados, encabezados por el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén.
Asimismo, estuvieron presentes el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al comandante general de la Policía Nacional del Perú y el superintendente de Migraciones. Además, del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del Perú.
“Unidos, todo lo podemos; desunidos, todos perdemos. Ese es un pensamiento muy poderoso que encierra una gran verdad: si queremos salir adelante y vencer los problemas que nos aquejan, debemos trabajar todos en conjunto, con un mismo objetivo, el desarrollo de nuestro querido Perú”, enfatizó la presidenta.
Medidas Aprobadas
El Consejo de Estado aprobó la formulación de un marco legal que permitirá a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, estableciendo que sean juzgados en el fuero militar-policial al emplear sus armas de reglamento, siempre bajo el control previo de la Inspectoría.
Asimismo, se acordó coordinar entre las entidades la creación de leyes que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado y permitan a los gobiernos regionales y locales destinar recursos propios a la seguridad ciudadana.
Además, se establecieron acciones conjuntas en la prevención del delito, especialmente en la protección de menores, y se impulsará una ley para regular la situación de docentes vinculados al Movadef, garantizando su alejamiento de los menores y adolescentes.
Para fortalecer a la Policía Nacional, se permitirá la contratación de su personal en franco y vacaciones, y se autorizará al Ministerio del Interior la transferencia de recursos a gobiernos locales en emergencia para la compra de logística destinada a la seguridad ciudadana.
También se implementará un régimen especial en las compras estatales para la seguridad, con control de la Contraloría General de la República.
Justicia y Lucha contra el Crimen Organizado
En el ámbito de justicia, se ratificó la decisión de mantener y ampliar las unidades de flagrancia, las cuales han logrado más de 7000 condenas. Además, se destinarán recursos para ampliar y construir nuevos penales, y se reorganizará el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para mejorar su funcionamiento.
Otros acuerdos relevantes incluyen el aumento de sanciones penales para quienes corrompan a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la aprobación de leyes para proteger a denunciantes, víctimas y testigos de crímenes graves como el sicariato y la extorsión.
También se habilitará el congelamiento de cuentas bancarias utilizadas para extorsión y se incrementarán las penas para los extranjeros expulsados que reingresen al país de manera irregular, fortaleciendo así la respuesta del Estado frente a la reincidencia en delitos transnacionales.
Control Migratorio
Asimismo, se aprobó la implementación de políticas migratorias que regularán el ingreso y permanencia de extranjeros, así como la fiscalización laboral de extranjeros en el país.
Entre las medidas destaca la regulación del servicio de transporte realizado por personas extranjeras, y se reforzarán los requisitos de ingreso y permanencia en el territorio nacional.
Se fortalecerán los controles en las fronteras y se revisarán las políticas de movilidad humana para migrantes, refugiados y peruanos en el exterior, garantizando una gestión ordenada y segura de los flujos migratorios.
Crecimiento Económico
Finalmente, el Consejo de Estado reafirmó su compromiso con el modelo económico establecido en la Constitución, el cual ha impulsado un crecimiento proyectado de 3.2% para este año y ha fortalecido el desarrollo del comercio exterior, con una balanza comercial positiva.
En este sentido, se aprobaron medidas para consolidar al Perú como un hub portuario y aeroportuario en Sudamérica, contribuyendo a un mayor desarrollo de la economía y el comercio exterior.
Asimismo, se acordó optimizar la distribución y uso de los recursos para mejorar la atención a los ciudadanos en diversas áreas, y se rechazaron las amenazas contra el modelo económico y la industria extractiva, considerándolas un riesgo para la seguridad nacional y el desarrollo del país.
