Espantosa prueba de la indolencia del gobierno frente a los peruanos en peligro: Edwin Chota, líder aháninka asesinado hace unos días, junto con otros indígenas de su comunidad, había venido a Lima en junio a pedir auxilio frente a las amenazas de los criminales dedicados a la tala ilegal de madera, según reveló la Defensoría del Pueblo.
El Presidente vestido de nativo... para la foto
Una vez más el gobierno burló sus compromisos y nada hizo para defender a nuestros compatriotas, cuyas comunidades lucharon contra el terrorismo de Sendero Luminoso que buscaba exterminarlos, y después hicieron frente a los narcotraficantes. Ahora las bandas asesinas son de taladores de árboles y usurpadores de sus tierras.
Probablemente el gobierno haya tirado al tacho los informes de los nativos y los compromisos asumidos en esa reunión de junio, de otra manera no se explica que no hayan enviado policías ni militares a combatir a los delincuentes madereros ni brindado protección a las comunidades afectadas. Por el contrario, a los nativos el gobierno los usa en los desfiles de Fiestas Patrias y para las cámaras, posando con ellos, y así hacer creer que se preocupan por las poblaciones vulnerables.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo exige intervención inmediata del Estado en zona de asesinato de asháninkas que permitan ubicar los restos mortales de los fallecidos y la captura de los criminales responsables de los hechos. Los burócratas que escucharon a los asháninkas son de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de los Ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores, Agricultura y Riego, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social y Ambiente, así como con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Probablemente, seguirán en sus puestos, así como los ministros de estos sectores, gozando de sus jugosos sueldos.
La Defensoría del Pueblo expresó hoy, a través de un pronunciamiento público, su más profundo pesar por la muerte de los dirigentes ashaninkas Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo, como resultado del accionar delincuencial de taladores ilegales. Ante ello, exige una inmediata intervención del Estado en la zona.
“Nuestra institución expresa su enérgica condena frente a estos hechos y hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto (Ucayali) y con el Pueblo Indígena Ashaninka”, resalta el pronunciamiento.
El comunicado señala que los dirigentes indígenas que han perdido la vida estuvieron denunciando públicamente, desde hace varios años, la extrema debilidad estatal en la zona, así como la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban. Por ello, pidieron a sus autoridades, en muchas ocasiones, protección de sus derechos fundamentales.
La Defensoría del Pueblo recuerda que la primera semana de junio último, Edwin Chota, junto a otros dirigentes, viajó a Lima con el fin de reiterar dichos pedidos. Frente a ello, la Defensoría del Pueblo convocó el 6 de junio a una reunión en su sede entre dichos dirigentes y los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de los Ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores, Agricultura y Riego, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social y Ambiente, así como con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. El objetivo de la cita fue coordinar la atención de las demandas de la dirigencia indígena.
En la reunión, Edwin Chota denunció las amenazas contra él y otros dirigentes de su comunidad por personas que se dedicaban a las actividades de tala ilegal dentro de sus territorios comunales. En este espacio se asumieron compromisos orientados a atender sus preocupaciones por la titulación de sus tierras, la superposición con el Bosque de Producción Permanente de Ucayali, la falta de servicios públicos básicos, así como la tala ilegal de madera dentro de sus territorios comunales, entre otros.
En dicha oportunidad, diversos sectores del Estado se comprometieron a evaluar una visita a la localidad para la atención de estas demandas. Lamentablemente, hasta el momento, OSINFOR ha sido la única entidad que ha viajado a la zona a fin de investigar las denuncias de tala ilegal.
La Defensoría del Pueblo exige que se realicen las operaciones que permitan la inmediata ubicación de los restos mortales de estos dirigentes y la captura de los criminales responsables de estos hechos. De igual modo, considera necesaria la presencia de altas autoridades gubernamentales en la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto para brindar a sus familiares todo el apoyo que requieren ante esta terrible situación, así como adoptar medidas urgentes y eficaces para proteger la vida, integridad y garantizar los derechos colectivos de los miembros del pueblo asháninka.
El comunicado reitera el pedido al Estado de acciones céleres para erradicar esta actividad ilícita que pone en riesgo nuestros ecosistemas y la vida de los pueblos indígenas.
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