Según informe del Departamento de Estado, los principales obstáculos para combatir en nuestro país el delito relacionado con el narcotráfico, la minería ilegal de oro y el tráfico de madera son la corrupción endémica entre policías, fiscales y jueces, y los congresistas y políticos investigados en dicho ilícito.
Contrabando de oro, base de blanqueo.
Por primera vez el Perú ha sido incorporado en la “lista negra” de 85 países donde se “lavan” las mayores cantidades de dinero de las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y otras actividades complementarias como la minería aurífera ilegal, el contrabando de mercancías y la tala ilícita, de acuerdo con un reporte del Departamento de Estado norteamericano.
El informe elaborado por el Buró Internacional para Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas inglés), dependiente del Departamento de Estado, señala que la definición “país de significativo lavado de dinero” que ha recibido el Perú, describe a una nación donde las organizaciones criminales aprovechan del sistema financiero nacional “para consumar transacciones de significativas ganancias derivadas del narcotráfico internacional”, y que para dicha finalidad también son usadas distintas
Además del Perú, otros países sudamericanos consignados en la “lista negra” son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.
El informe estadounidense denominado Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos, en el capítulo dedicado al Lavado de Dinero y Crímenes Financieros, la INL señala que Perú se ha transformado en uno de los centros de lavado de dinero en el mundo por una serie de debilidades en su sistema de lucha contra este tipo de delito.
Entre enero de 2007 y marzo de 2016 se “lavaron” más de 2 mil 901 millones de dólares en el Perú, conforme un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Casi la mitad de dichos fondos ilícitos, el 42 por ciento, tuvo su origen en actividades del narcotráfico, un 34 por ciento la minería ilegal del oro y 7 por ciento en actos de corrupción gubernamental.
Mala fama
El reporte del Departamento de Estado norteamericano que señala a Perú como uno de los centros mundiales del lavado de dinero, aparece coincidentemente cuando ex jefes de Estado y figuras políticas nacionales son investigadas por dicho delito. Entre ellos los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García Pérez (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y su cónyuge Nadine Heredia.
También la lideresa de Fuerza Popular y dos veces candidata presidencial, Keiko Fujimori, y con ella sus hermanos Hiro, Sachi y Kenji, y el exsecretario general de su partido, Joaquín Ramírez Gamarra, financista de la última campaña del fujimorismo.
El informe norteamericano confirma la percepción en el mundo de que Perú es un centro de lavado de activos no solo del narcotráfico sino también de actos de corrupción con fondos públicos.
El reciente escándalo de corrupción que envuelve a las constructoras brasileñas como Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvão y Andrade Gutiérrez, que tenían por práctica pagar sobornos a funcionarios públicos para ganar contratos millonarios con el Estado, contribuirá sin duda a cimentar la imagen de Perú como un territorio en el que se lavan fondos derivados del desembolso de coimas.
El Buró Internacional para Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL) cuestionó recientes medidas gubernamentales que podrían debilitar el sistema para detectar y reprimir a las organizaciones criminales dedicadas al lavado.
Erróneas decisiones
“El nuevo gobierno (de Pedro Pablo Kuczynski) aplicó cambios administrativos que podrían reducir la capacidad del Perú de enfrentar los crímenes relacionados con el lavado de dinero. La agencia independiente dedicada a los temas de extinción de dominio ha sido absorbida por el Ministerio de Justicia, limitando potencialmente su autonomía operacional y su eficiencia. La Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft) también ha sido trasladada al Ministerio de Justicia”, indica el reporte.
Estados Unidos reclama a Perú que aumente sus esfuerzos en las nuevas formas no tradicionales que utilizan las organizaciones criminales para lavar dinero, como la minería ilegal de oro, tráfico de madera y comercio de productos falsificados, “porque están estrechamente ligados a la industria del narcotráfico, y los fondos derivados de estas actividades son lavados con las mismas técnicas que aplican los narcotraficantes”, se explica.
Corrupción endémica
Pero de estas actividades criminales conexas, la que genera una “creciente preocupación” al Departamento de Estado norteamericano es la exportación de oro de origen ilegal hacia Estados Unidos.
Citando como fuente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el reporte destaca que en la última década ingresaron en el país alrededor de 4 mil 400 millones de dólares, sospechosos de vinculación con la minería ilegal. “Al año, las transacciones con oro de procedencia ilícita en el Perú alcanzan los 2 mil 600 millones de dólares”, subraya el reporte.
De acuerdo con el reporte, uno de los mayores obstáculos para el progreso de la lucha contra el lavado de activos en el Perú es la corrupción gubernamental.
Y describe el problema de manera directa: “La corrupción endémica entorpece las investigaciones y los enjuiciamientos de casos de narcotráfico relacionados con crímenes de lavado. La corrupción en el sistema judicial puede retener el avance de los procesos. Figuras políticas y congresistas han sido implicados en casos de lavado, lo que ha impedido que avancen las reformas. Y la corrupción dentro de la fuerza policial arruina las investigaciones”.
Un ejemplo de la situación descrita es la posición que el 21 de septiembre de 2016 adoptó la bancada fujimorista al oponerse a que la UIF tuviera facultades con la finalidad de tener acceso al secreto bancario y tributario con el propósito de combatir eficazmente el lavado.
Como resultado de estas debilidades, el impacto de las acciones para combatir el lavado de fondos es muy pobre, concluye el Departamento de Estado.
“Los avances en el combate al lavado y la capacidad de investigación no se han traducido en el aumento de enjuiciamientos y sentencias. Perú ha condenado a solo 21 personas por lavado de dinero”, menciona el informe.
Entre otras razones, la ineficacia se debe “a la insuficiencia de fiscales dedicados a investigar el lavado de dinero y porque carecen de capacidad para organizar y defender casos”, precisa el reporte.
Son palabras duras, pero ciertas.
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En cifras 2.901 millones de dólares se lavaron en el Perú entre 2007 y 2016. 42% de dicho monto eran fondos originados en las actividades del narcotráfico. 34% del total lavado estaba vinculado con exportaciones de oro extraído ilícitamente, según la UIF. |
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Estado facilitador corrupto Desde el momento en que incumple promesas electorales de poner el balón de gas a S/ 11,00, el gobierno ha definido de qué lado está y ahora prefiere “respetar” los corruptísimos y lesivos contratos de exportación de gas. Así, para propiciar el crecimiento de la inseguridad ciudadana que precariza económicamente a la población (para mantener bajos salarios) y con el fin de cooperar con la depredación del medio ambiente y el lavado de activos, el estado peruano se niega a por lo menos triplicar el número de efectivos policiales para combatir la delincuencia en todas sus facetas. Que además el estado peruano dé las leyes que critican en EE. UU. es nada más que un complemento. [Nota de Con nuestro Perú] |
La República, Lima 03-03-2017
http://larepublica.pe/impresa/politica/853225-EE. UU-ubica-peru-en-lista-negra-de-paises-de-mayor-lavado-de-dinero
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