El trabajo remoto se extenderá hasta el 31 de julio del 2021, anunció hoy el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, durante su presentación en el Congreso de la República. A la fecha, se registran más de 220,000 trabajadores remotos, con lo cual se evita el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19 en los centros de labores, precisó el ministro e indicó que la suma de empleos perdidos sólo en Lima en el último año es de 2.7 millones.
Por ello el Gobierno aplicará este año medidas que eviten la destrucción de más puestos de trabajo y promuevan la creación de empleo digno para más peruanos, señaló.
El reinicio de las actividades económicas y la recuperación progresiva de las diversas actividades e industrias han permitido la recuperación de cerca de 2 millones de empleos, principalmente en empleos informales, precisó.
Subrayó la urgencia de que la reactivación económica venga acompañada de incentivos para crear y sostener más y mejores empleos formales, con protección social, teniendo siempre como objetivo el bienestar de las personas.
Anunció medidas que facilitarán la continuidad de las actividades laborales de manera segura y posibilitarán el cumplimiento de los derechos laborales a pesar del contexto de crisis.
En cuanto a la suspensión perfecta de labores, es decir licencia sin goce de remuneración, dijo que se estableció como un mecanismo temporal que busca la sostenibilidad de las empresas, las cuales son el principal motor de generación de empleo, evitando que estas se vean forzadas a adoptar medidas más gravosas, como la extinción de los contratos de trabajo o la disolución y liquidación de la empresa.
A la fecha, se han resuelto aproximadamente el 50% de solicitudes de suspensión perfecta a nivel nacional. Asimismo, para los trabajadores que forman parte de esta medida, el Gobierno dispuso el otorgamiento de una prestación económica de protección social de emergencia, cuyo procedimiento de pago se inició hace dos días, el 1 de agosto, manifestó.
Indicó que la crisis por la pandemia ha ocasionado problemas de incumplimiento involuntario en el pago de beneficios sociales. “Conscientes de ello y procurando la conciliación y la reposición del derecho más que la imposición de multas, se usarán dos mecanismos que, con la intervención de la inspección del trabajo, ayudarán a solucionar estos problemas, el Plan de Recuperación y la Conciliación Administrativa, para que empleadores y trabajadores acuerden la forma de dar cumplimiento a los beneficios laborales impagos a causa de la grave afectación económica causada por el COVID”, dijo.
