El Pleno de Congreso aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión de Educación que plantea impulsar la calidad de los materiales educativos en el país.
La primera votación tuvo este resultado: 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Quedó exonerado de la segunda votación con 91 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones.
La propuesta tiene por objeto «emitir las disposiciones orientadas a regular las acciones para que la elaboración de los materiales y recursos educativos a cargo de las entidades competentes del sector educación, y que se efectúe acorde con los principios y derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú y con la realidad afectiva, cognitiva, socio cultural y lingüística de los educandos».
Propone que el Ministerio de Educación vigila la calidad de los materiales textos y recursos educativos para lo cual debe garantizar que los mismos se encuentran acordes con los principios de educación peruana además de los principios imperativos.
Además, propone que los padres de familia participen en el proceso de elaboración de programas y el contenido de los materiales, textos y recursos educativos para la educación básica de manera institucional a través de las asociaciones de padres de familia, comités, asociaciones civiles constituidas e inscritas en los registros públicos u otras instancias de representación constituidas para participar del proceso educativo de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política del Perú.
Los representantes de las asociaciones de padres de familia, comités, asociaciones civiles u otras instancias de representación inscritas en el registro designarán a los representantes que participaron en el proceso de elaboración de contenidos de materiales textos y recursos educativos, conforme al procedimiento que se establece en el respectivo reglamento.
También, plantea que la entidad pública a cargo de la educación de los materiales textos y recursos educativos notifica a la Comisión de Educación del Congreso de la República y al correo electrónico de los representantes de las organizaciones inscritas en el registro de dirigentes bajo su ámbito, el proyecto de material texto y recurso educativo correspondiente a las siguientes áreas curriculares de la educación básica, personal social, desarrollo personal, ciudadanía y educación cívica, ciencias sociales, descubrimiento del mundo y ciencia y tecnología.
La disposición complementaria final señala que en un plazo no mayor de 30 días hábiles -contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma-las asociaciones de padres de familia, comités, asociaciones civiles u otras instancias de representación de padres de familia constituidas para participar del proceso educativo de sus hijos, podrán formular comentarios u observaciones a los materiales, textos y recursos educativos que vienen siendo utilizados o que se utilizarán, por contravenir los principios establecidos en el artículo 2 de la futura ley.
El presidente de la Comisión de Educación, congresista Esdras Medina Minaya (RP), afirmó que con esta iniciativa legal, «los padres de familia pueden ser veedores de los textos y materiales educativos», expresó.
Previamente, fue rechazada la cuestión previa planteada por la congresista Ruth Luque (CD), quien propuso que la propuesta regrese a comisión a un mejor estudio y análisis.
La legisladora Karol Paredes Fonseca (AP) sustentó la propuesta en minoría, y señaló que la proposición legal reconoce la prioridad del Ministerio de Educación mientras que el congresista, Alejandro Muñante (AP), afirmó que el proyecto de ley debe ser aprobado «en valor de la ciudadanía».
Su colega Milagros Jáuregui (RP), señaló que «no podemos tapar el sol de quién es el que brinda mayor educación. Tenemos que ser responsables», señaló.
Por su parte, las legisladoras Rosangella Barbarán y Tania Ramírez, ambas de Fuerza Popular, señalaron que es falso que la propuesta reduzca los derechos de la enseñanza y el tipo de educación para los hijos.
