La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Rosío Torres Salinas (APP), inició en su 17 sesión ordinaria la audiencia pública de la denuncia constitucional contra el Presidente de la República Pedro Castillo Terrones, por infracción constitucional y traición a la Patria.
En la audiencia, se hicieron presentes los congresistas que hicieron suya la denuncia de diversos ciudadanos: Norma Yarrow Lumbreras (AvP) y José Cueto Aservi (RP) así como el delegado congresista Wilson Soto Palacios (AP), y el abogado defensor del primer mandatario, José Palomino Manchego.
De conformidad con el literal d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la audiencia se efectuó a pesar de la no presencia del denunciado.
Sin embargo, la presidenta de la subcomisión dejó constancia que en la continuación de la audiencia será convocado el gobernante Castillo.
La denuncia constitucional se basa en la declaración del presidente Castillo Terrones a un medio de comunicación internacional -ocurrida en el pasado mes de enero- en la que expone la posibilidad de consultar al pueblo peruano para que se manifieste sobre una salida al mar de Bolivia por territorio nacional.
Los denunciantes afirman que esa declaración configura una infracción a diversos artículos de la Constitución Política del Estado e incurre en el artículo 325 del Código Penal referido al delito de traición a la Patria. Esta denuncia será materia de una determinación de hechos por el congresista delegado Wilson Soto Palacios, el mismo que expuso el procedimiento de su investigación, tal como lo establece el artículo 89 del reglamento.
En la audiencia los congresistas Yarrow Lumbreras y Cueto Aservi, afirmaron que esa declaración presidencial formaría parte de un plan determinado que tiene el mandatario Castillo y las personas que lo rodean, para entregar el mar peruano a intereses extranjeros.
Por su parte, el abogado defensor del presidente de la República, Palomino Manchego, solicitó que se les traslade la intervención del congresista José Cueto en la parte pertinente a un minuto en el que no se le escuchó debido a que “ha incorporado nuevos hechos que no son materia de la denuncia”, como es el tema del VRAEM.
«No se trata de acusar por acusar», dijo el abogado defensor, y afirmó tener medios probatorios para demostrar que el presidente no ha infringido la Constitución, y menos ha cometido delito de traición a la patria. Terminó su alocución pidiendo el archivamiento de la denuncia.
De acuerdo con el literal d4) del artículo 89 del reglamento congresal, la audiencia continuará en una próxima sesión, y allí finalizará con las preguntas que formulen los miembros de la Subcomisión, al denunciado y al denunciante.
El literal d5) del mismo artículo, establece que concluida la audiencia y actuadas todas las pruebas, “el presidente encargará al Congresista que se delegó la determinación de los hecho materia de la investigación y la pertinencia de las pruebas, la elaboración de un informe para que lo presente, a más tardar, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la audiencia, el cual será debatido y aprobado, o rechazado, en la sesión que para el efecto convoque el presidente de la Subcomisión”.
