Congresistas de diversas bancadas exigieron al ministro del Interior, Dimitri Senmache, redoblar las acciones de búsqueda para dar con el paradero de aquellos prófugos de la justicia que se encuentran implicados en presuntos casos de corrupción y que están vinculados al entorno del presidente Pedro Castillo.
Lo solicitaron en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, luego de escuchar al titular del Mininter, quien expuso hoy sobre las acciones adoptadas para lograr la ubicación y captura de los prófugos Bruno Pacheco Castillo, exsecretario general de Palacio de Gobierno, Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario; y Juan Francisco Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones.
El congresista Héctor Ventura Ángel (FP), presidente de ese grupo de trabajo, llamó la atención que habiendo tanta gente capacitada en la Policía Nacional del Perú hasta ahora no se tenga resultados eficientes.
“Al parecer el área de Inteligencia no está siguiendo estos actos de corrupción en las altas esferas de este Gobierno, no se le está dando el debido seguimiento para su captura”, dijo.
Agregó que no se pueden tener más desavenencias, más noticias desagradables de que los investigados de esa supuesta organización criminal sigan fugándose.
Ventura le consultó al ministro si piensa renunciar al cargo y asumir su responsabilidad política. Senmache respondió que no, y dijo que piensa seguir cumpliendo sus actividades, de manera libre con su propio equipo.
“Yo tengo a mi asesor, a mi coordinador parlamentario y otros. Yo les he traído, a mí nadie me ha impuesto a nadie. Yo cumplo mis actividades de manera libre”, sostuvo.
En la misma línea, la parlamentaria Martha Moyano Delgado (FP) cuestionó como es que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que reporta acontecimientos importantes al ministro del Interior y al presidente de la República, no haya informado sobre una posible fuga del señor Juan Silva.
El titular de la cartera del Interior señaló que la Dirección de Inteligencia brinda información expuesta en 20 hojas sobre el acontecer más importante a nivel nacional, y que nunca de predictibilidad de casos como el de Silva Villegas.
De otro lado, Moyano expresó que el personal de seguridad de los funcionarios de Estado informa con detalle a dónde va su resguardado, con quién se reúne, por lo que si el señor Juan Silva pidió se le quite la escolta a partir del 6 de junio se tuvo que mandar detalles de todos sus movimientos.
”Necesitamos detalles de su resguardo, en dónde ha estado el señor (Silva) más allá de la orden de vigilancia”, subrayó.
En tanto, el legislador Enrique Wong Pujada (NA) expresó su extrañeza de que no se haya cumplido con el mandato fiscal y judicial, luego de que la Fiscalía haya solicitado a la PNP el 27 de mayo ejecutar la videovigilancia a Juan Silva, el 4 de junio se aprobara la detención preliminar y que las fuerzas del orden recién hayan reaccionado el martes 6 de junio.
Asimismo, dijo no explicarse cómo es que si se ha redoblado las acciones de búsqueda no dan aún con el paradero del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones.
En respuesta a ello, el titular del Interior manifestó que a través del sistema de videovigilancia no se pudo ubicar al ex titular del MTC.
«Esta videovigilancia termina con un informe de la Dircocor (Dirección Contra la Corrupción) de la Policía que señala, el 3 de junio, que aparecen las fotos de todos los lugares donde se ha estado haciendo la videovigilancia y que en ningún momento de esos días el imputado no ha aparecido en estos puntos», dijo.
Agregó que la Policía no podía hacer seguimiento al exministro Juan Silva, investigado por la Fiscalía como parte de una presunta red criminal al interior del MTC, porque no había una orden judicial al respecto.
Nicolás Senmache dijo que la Fiscalía recién les comunicó la resolución de detención el 6 de junio y no el 4 de junio, fecha en que fue expedida la orden judicial.
El grupo de trabajo también recibió a Diego Alejandro Montes Barrantes, presidente Ejecutivo (a.i.) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, quien informó de la denuncia sobre presunto espionaje informático.
