Se debe implementar Ley N.° 31254 aprobada el año pasado
Durante este mes vence el plazo de un año para la adecuación a la Ley N. ° 31254, aprobada en el año 2021, con el fin de que las instituciones públicas pasen a los trabajadores de limpieza pública del régimen de tercerización a uno más protector, como la Ley de Fomento del Empleo 728.
En tal sentido, desde julio próximo las labores de limpieza pública deberían realizarlas las propias municipalidades distritales, contratando directamente a obreras y obreros en un plazo indeterminado e incluirlos en planilla, afirmó Ernesto Aguinaga Meza, exdirector nacional de Trabajo.
Agregó que esta iniciativa atendería la problemática de la tercerización del servicio de limpieza pública, donde los trabajadores están expuestos a la precarización del empleo y, además, evitaría conflictos con el goce y disfrute de sus derechos laborales e igualdad salarial.
Esto porque, pese a efectuar similares labores, perciben beneficios y salarios diferentes.
El también abogado laboralista advirtió que esta situación origina que existan trabajadores contratados de forma temporal indefinida, a quienes cada tres meses les renuevan sus contratos.
Enfatizó que deberían gozar de estabilidad laboral, pues, al ejecutar labores permanentes, deben contratarlos indefinidamente.
Incluso, alertó que no pueden ejercer sus derechos colectivos, libertad sindical o negociación colectiva, lo que se suma a las condiciones precarias de salubridad, así como de seguridad y salud en el trabajo a las que están expuestos al cumplir sus labores de limpieza y manejo de residuos.
Sobre este tema, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que es función específica y exclusiva de las municipalidades distritales proveer el servicio de limpieza pública y no tercerizarlo, porque para eso cuentan con un presupuesto asignado.
Sin embargo, cuestionó, lo percibe un tercero que contrata trabajadores por un mínimo salario, generando sus propias ganancias.
Subrayó que incorporar a este personal en la planilla no le costará más de lo presupuestado a las municipalidades.
Concluyó que, por el contrario, es un servicio que tienen los vecinos, cuyo gasto se cubre con el pago de los impuestos ediles.
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso detectó que la mayoría de las municipalidades, a nivel nacional, omiten esta norma y continúan contratando a personal de limpieza pública bajo el régimen de tercerización o como locadores de servicio, figura que también está prohibida por la ley, ya que afecta sus derechos.
