Por unanimidad (28 votos a favor), la Comisión Permanente, bajo la dirección de su presidente Alejandro Soto Reyes, aprobó la designación del abogado César Enrique Aguilar Surichaqui como contralor general de la república, cuya candidatura fue propuesta por el Poder Ejecutivo.
La decisión se enmarca en lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución y el artículo 93 del Reglamento del Congreso. Además, el proyecto de resolución legislativa no tuvo ningún voto en contra ni abstención.
“Ha sido aprobada la propuesta de la subcomisión y el proyecto de resolución legislativa leídos”, dijo el titular del Parlamento.
SUSTENTACIÓN
Durante la sesión, el presidente de la subcomisión que evaluó al canditato propuesto por el Poder Ejecutivo, Alejandro Cavero (Avanza País), sostuvo que el informe final presentado consta de 7 fojas y 4 anexos, y que ha sido publicado en el portal del Congreso como acto de transparencia.
“Respecto al cumplimiento de las exigencias legales, el equipo técnico de la subcomisión elaboró un dossier informativo sobre el candidato, compuesto por información obtenida de las entidades públicas vía oficio, además de consultas de acceso público gratuito”, señaló.
Agregó que Aguilar Surichaqui, en una entrevista personal, respondió las preguntas de los parlamentarios de diversas bancadas. Asimismo, Cavero indicó que se ha verificado que no tiene antecedentes penales, ni procesos penales vigentes, además de no registrar deuda por alimentos o estar afiliado a algún partido político.
“Se evaluó si el candidato tenía impedimento para ejercer el cargo (…) realizada esta evaluación, los miembros de la subcomisión acordaron, por mayoría, que el candidato César Enrique Aguilar Surichaqui cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 28 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, para ocupar el cargo de contralor”, manifestó.
EN MINORÍA
Por su parte, el parlamentario Héctor Valer Pinto (SP), quien presentó un informe en minoría, alegando que el documento elaborado por Cavero no tiene la “transparencia que debería tener como todo dictamen de una comisión especial”, conforme el artículo 70 del Reglamento del Congreso.
“No se precisa, por ejemplo, el capítulo relacionado al Código de Ética de la Función Pública que debería tener todo funcionario público y se ha identificado una constancia de trabajo que falta a la verdad, donde se precisa que el candidato habría trabajado desde el 2 de enero del 2013 hasta el 2017 como gerente general de la empresa Aguilar & Motta Abogados; sin embargo, haciendo un cruce de información esta empresa habría empezado sus funciones en 2015; por tanto, se habría faltado a la verdad y es algo grave”, manifestó.
En esa línea, dijo que la entrevista personal se debe valorar y que, en el informe en mayoría, no ha existido una valoración cuantitativa y cualitativa. Del mismo modo, dijo que “las tareas deben realizarse de forma completa”; por ello, pidió que el informe final -aprobado por mayoría- regrese a la subcomisión.
CANDIDATO RESPONDE
Durante su presentación ante la Comisión Permanente, el candidato a contralor, César Enrique Aguilar Surichaqui, explicó que Aguilar & Motta Abogados fue un emprendimiento que inició en el 2013 y que usó ese nombre comercial, pero que tiene recibos por honorarios y el pago de impuestos por su trabajo.
“En 2015 se formaliza la empresa, que obra en la partida 13372238, donde en la misma señala que se convalida todos los actos que se realizaron antes de la inscripción, es decir, las funciones de 2013”, alegó.
