La Comisión Permanente del Congreso aprobó de forma acelerada, en menos de 24 horas, el texto sustitutorio de una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, la cual, con el pretexto de promover la reactivación económica, busca impedir que se cobren multas millonarias a empresas pesqueras depredadoras que infringieron la ley al en la Reserva Nacional de Paracas, que es una zona protegida.
Se trata pues no de infracciones cualquiera, sino de delitos ambientales graves cuando el Perú busca proteger su biodiversidad. No puede ser que el hampa congresal y el Ejecutivo premien a la depredación más grotesca. No sólo debería haber multa, sino cárcel.
Los pestíferos congresistas acogieron el hediondo planteamiento del Ejecutivo, que establece una “excepción” al pago de multas administrativas para el sector pesca y acuicultura, reduciendo hasta el 80% del monto total de la sanción a estas empresas.
El promotor de la norma es el congresista Jorge Morante (Somos Perú), quien alega que con ello se “mejoraría la recaudación”. La norma también dispone que el Ministerio de la Producción (Produce) redacte las normas complementarias y el procedimiento para acogerse a este beneficio en un plazo no mayor que 30 días calendario.
Según Produce, las multas impuestas a 10 empresas pesqueras por actividades ilegales en la
Reserva Nacional de Paracas ascienden a más de 11 millones de soles.
Con todo descaro, el congresista Morán dijo que su intención era beneficiar a los pescadores artesanales, quienes presentan dificultades para pagar estas multas, pero se burla, porque la norma aprobada no diferencia entre pescadores artesanales y grandes empresas, es decir, un claro favorecimiento a grandes pesqueras, un impacto negativo en la recaudación estatal y un desprecio total a las normas medioambientales.
La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que agrupa a pesqueras grandes, ya tiene antecedentes de batallar con todo desparpajo en el Poder Judicial para anular la prohibición de realizar actividades de pesca industrial en áreas protegidas.
La SNP presentó en junio de este año una demanda ante la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima, la cual fue rechazada. No obstante, la SNP presentó un nuevo recurso ante Indecopi para declarar esta restricción como una barrera burocrática ilegal, argumentando que impide a las empresas pesqueras acceder a recursos hidrobiológicos.
Las empresas pesqueras que acumulan la mayor cantidad de multas porque sus embarcaciones hicieron labores de extracción en la Reserva Nacional de Paracas, son Pesquera Diamante (S/2.309.100); Corporación Pesquera Inca (S/2.167.200) y CFG Investment (S/2.107.000), según datos de sanciones de Produce.
No hay ninguna justificación para violar los límites de las reservas naturales, por tanto, los infractores obligatoriamente deben asumir las consecuencias de un acto inaceptables, de modo que a nadie se le debe exonerar de pagar las multas, sean pequeños o grandes.
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