Más de 15 mil personas protestan en Huanta por cuarto día consecutivo en rechazo a las actividades mineras en la cabecera de cuenca de Razuhuillca, zona vital para abastecer de agua al valle de Huanta y el distrito de La Mar. Los ciudadanos exigen además declarar la zona área intangible y protegida.
Los manifestantes decidieron ejecutar la paralización total de actividades y el bloqueo de vías de acceso, medidas que no tienen fecha de término.
En medio del bloqueo, se han considerado excepciones para permitir el tránsito de personas vulnerables, como madres lactantes, personas con discapacidad y niños, según señala Richard Olivera, coordinador de la sede defensorial en Huanta, sobre la intervención de la Defensoría para dichas facilidades.
Ante la inacción del gobierno los ciudadanos se encuentran enardecidos y por poco linchan al “wayki” de la presidente Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, quien dijo que buscaba presentar propuestas para resolver la huelga, pero le lanzaron botellas, piedras y palos, hecho que determinó la acción policial con bombas lacrimógenas.
Ante estos incidentes Oscorima huyó en un helicóptero del Ejército hacia el Cuartel Pampa. Es decir, el gobierno de Boluarte se ocupa en proporcionar un helicóptero a este
La indignación de los ciudadanos los llevó a realizar protestas sucesivas desde hace unos diez meses, en noviembre de 2023 por el temor a la posible contaminación de las fuentes de agua por metales pesados. La movilización social dio lugar a tres acuerdos entre los ciudadanos de Huanta y las autoridades regionales.
Se pactó la realización de inspecciones sorpresivas de funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) y organizaciones sociales en las actividades mineras cercanas a las lagunas de Razuhuillca; la agilización de gestiones para definir espacios protegidos en las cabeceras de cuenca de Razuhuillca; y la revisión de los expedientes de autorización de las operaciones mineras para asegurar el cumplimiento normativo y sancionar a los infractores.
El consenso es no permitir la minería en la cordillera de Razuhuillca, pero pese al tiempo transcurrido, el gobierno regional y el central se muestran incapaces de atender las demandas.
