El Poder Judicial alertó que la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Extinción de Dominio, favorecerá a los criminales involucrados en minería ilegal, tráfico ilícito de drogas y actos de corrupción.
Dicha demanda beneficiaría a quienes han evadido la justicia, como testaferros y grandes corruptos cuyos bienes ilícitos no están a su nombre, explicó el juez supremo Manuel Luján Túpez, presidente de la mesa de trabajo del subsistema.
La Ley de Extinción de Dominio en Perú, según el Decreto Legislativo N.º 1373, establece que no existe presunción de ilicitud, por ello las partes deben demostrar su pretensión en igualdad de condiciones en juicio, y tanto el Ministerio Público como cualquier requerido deben probar sus alegatos sobre bienes de dudosa procedencia, así como su buena fe o diligencia común explicó el juez Luján.
La demanda de inconstitucionalidad podría retrasar la privación de recursos a organizaciones criminales, permitiéndoles mantener su capacidad operativa durante años de procesos penales, situación que pondría en riesgo la seguridad, el mercado justo, y las finanzas limpias del país. El sistema de justicia ha recuperado bienes y activos ilícitos por un valor de 102 076 276.79 dólares.
Sospechosamente, el Defensor del Pueblo pretende que el TC declare inconstitucional el Decreto Legislativo N.º 1373 sobre extinción de dominio, aduciendo que el Estado no debería poder quedarse con bienes presuntamente adquiridos con dineros ilícitos de la corrupción sin un veredicto penal previo, esto, en contradicción con expertos jurídicos y funcionarios que señálan que la extinción de dominio es vital en la lucha contra el crimen organizado.
#Atención. Compartimos el comunicado del presidente de la Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, Manuel Luján Túpez, quien se pronuncia ante la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Extinción de Dominio.
