Asegura la Fiscalía, que solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por el caso “Los waykis en la sombra”
El fiscal a cargo del caso Los waykis en la sombra señaló que la presunta organización criminal “Los waykis en la sombra” contarían con el “apoyo” del Ejecutivo y que el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte tendría poder de facto.
Este martes continúa la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte. Ayer, la Fiscalía solicitó que se aplique el control difuso convencional para que el caso no se acoja a la ley que modifica la normativa contra el crimen organizado.
La aseveración la realizó hoy durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros cinco investigados por el caso “Los waykis en la sombra”.
En este proceso, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, investigado por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, acusado de ser el supuesto cabecilla de una red criminal cuya objetivo sería copar la Dirección de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior (Mininter), designando ilícitamente a prefectos y subprefectos en el país.
Los otros investigados son Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la DGIN; los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar; y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, exjefa de Qali Warma en la región San Martín, quienes también habrían integrado la presunta organización criminal.
El representante del Eficcop, Carlos Ordaya López, solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho aplicar el control difuso convencional para que el caso no se acoja a la Ley 32108 que modifica la ley contra el crimen organizado. Dicha ley fue promovida por Waldemar Cerrón y promulgada hace menos de un mes.
Ordaya advirtió que de aplicarse esa ley podría haber impunidad en el caso “Los waykis en la sombra”. “Aquí se investiga una presunta organización criminal que no solamente ha tenido acciones desplegadas en la capital, sino en varias regiones. Lo más importante es que cuenta con un soporte de apoyo del gobierno actual, porque ese poder de facto que ha tenido el principal investigado ha conllevado, muchas veces, a impedir el normal desarrollo de esta investigación. Esta norma puede causar un perjuicio”, manifestó.
El fiscal también subrayód que los congresistas que aprobaron la ley estarían vinculados a diferentes organizaciones criminales, y que habría un interés por favorecer al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
“¿Quiénes aprobaron con esos 12 votos este proyecto de ley? Son 12 congresistas que siempre han sido cuestionados por estar vinculados a diferentes organizaciones criminales. Específicamente, aquí hay un interés de que todos los casos por investigaciones contra organizaciones criminales se quiebren, se vayan abajo, por cuanto el señor Vladimir Cerrón (…) hoy en día prófugo, más de 300 días sin ser ubicado”, advirtió.
El fiscal enfatizó que la norma “adolece de vicios de inconstitucionalidad” tanto en forma como en fondo, pues en el proceso de aprobación de la propuesta en el Congreso no se respetó el procedimiento indicado en el reglamento parlamentario por cuanto este dictamen no se debatió al momento de promulgarse esta norma.
“Lo más resaltante aquí es que el señor presidente Valer Pinto señala que esta norma, lo dice la transcripción (del debate), va a favorecer a Dina Boluarte en todas las investigaciones en su contra, por ende, a su hermano. Norma que no fue observada por el Ejecutivo, coincidentemente”, alertó el fiscal.
Por su parte, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidente Dina Boluarte, criticó ayer al juez Richard Concepción Carhuancho por realizar una audiencia de pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte en base a una “ley derogada”, y lo acusó de prevaricar. Agregó que a Concepción Carhuancho no le correspondería definir si se aplica el control difuso en el caso “Los waykis en la sombra”.
Como se sabe, en el actual Congreso se han promulgado varias normas en favor de delincuentes, en lugar de promulgarse leyes en favor del desarrollo, salud, educación, ciencia, etc.
