Alberto Fujimori inauguró la primera prisión para expresidentes del Perú, precisamente porque él abrió las puertas a la podredumbre de la corrupción estatal, que proliferó como un cáncer que hizo metástasis desde Palacio de Gobierno hasta los otros poderes del Estado, incluyendo instituciones pequeñas como alcaldías, es decir, creó las condiciones para perpetuar el enquistamiento de parásitos corruptos en las altas esferas del poder.
Sin embargo, pese a los embates del delito, el brazo de la justicia pudo caer sobre él y los siguientes expresidentes, como Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczkinsky, y otros procesos pendientes.
Dicho esto, es absurdo mantener en su totalidad Decreto Supremo N.° 096-2005-RE, que regula el ceremonial del Estado y ceremonial regional, refiriéndose a expresidentes, ex vicepresidentes, expresidentes del Congreso, del Poder Judicial, Arzobispos y otros en sus funerales.
La norma establece que debe brindarse honores de Estado a los citados, incluyendo los expresidentes, detallando la forma en cada caso. Por ejemplo, a los expresidentes corresponde los mismos honores que al presidente en ejercicio en caso de muerte: bandera a media asta, precedencias, autoridades que deben asistir, etc.
Esta norma anacrónica está desvinculada de la realidad, pues se rinde honores a quienes no se lo merecen por haber perpetrado delitos para escándalo público. Por ello debe excluirse de toda clase de honores de Estado a las autoridades sentenciadas por el Poder Judicial.
Países de la región, como Argentina o Chile sí han previsto las formalidades para evitar exponer a sus estados a la vergüenza internacional de rendir honores a delincuentes que perpetraron delitos graves como asesinatos y latrocinios. Así, no tuvieron honores de Estado los expresidentes Rafael Videla y Augusto Pinochet. De haber sido capturado Adolf Hitler, sería impensable que Alemania le hubiese rendido honores de Estado a su muerte.
Urge adecuar la norma señalada y realizar las exclusiones del caso, no sólo para no hacer el ridículo internacional, sino que para que los niños y jóvenes aprendan sobre las consecuencias de los actos propios en aspectos visibles.
Fujimori fue sentenciado por homicidio y latrocinios. Cobardemente huyó a Japón y renunció por fax a la presidencia. Pese a ser considerado en el mundo el sexto expresidente más corrupto, nunca pagó la reparación civil dispuesta por el Poder Judicial, ni pidió perdón por sus elitos, pese a ello imploró como si fuese una niña quejosa por un indulto, en lugar de afrontar con valentía las consecuencias de sus actos.
Sería interminable detallar la era de putrefacción que trajo este exdictador, que no se puede enmascarar con supuestos progresos económicos, pues la receta para corregir la inflación dejada por el corrupto gobierno de Alan García pudo haberla aplicado sin tanta brutalidad el entonces candidato opositor Mario Vargas Llosa. Además, de mano de la estabilización económica traicionó al Perú rematando a precio vil las empresas del estado.
Tampoco puede alabarse la mentada lucha contra el terrorismo, pues por su culpa, al no respaldar a la Policía Nacional, se retrasó la captura del terrorista Abimael Guzmán. Esto sin contar múltiples escándalos como la tortura a su cónyuge Susana Higuchi, quien denunció el latrocinio perpetrado por los hermanos del exdictador de donaciones de Japón para los pobres. También, el cierre inconstitucional del Congreso en 1992, que le facilitó copar el Estado con la corrupción.
¿Qué hacen para corregir esta aberración las ONG como Transparencia y otras que dicen luchar por la democracia?
