El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, anunció la presentación de un proyecto de ley para permitir que las personas jurídicas nacionales, puedan realizar aportes económicos a las organizaciones políticas.

 

ONPE

Mencionó que la iniciativa legislativa fue presentada el viernes 23 de agosto ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que, a través de este organismo electoral, se presente al Poder Legislativo.

“Creemos que debe haber un cambio en la lógica del financiamiento privado. El gran problema es el dinero que viene de la tala ilegal, del narcotráfico y la minería ilegal, señaló Corvetto Salinas.

El jefe del organismo electoral hizo el anuncio hoy durante su participación en el seminario internacional "Financiamiento político en América Latina: Supervisión, transparencia y el rol de la vigilancia ciudadana", organizado por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y ONPE, con el financiamiento de la Unión Europea, como parte del proyecto "Consolidación de la Democracia Peruana".

El proyecto de ley
Según el texto del proyecto, el objetivo es modificar los artículos 30 y 31 de la Ley n.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, con el objetivo de regular y establecer el estándar para los aportes financieros hechos por personas jurídicas a las organizaciones políticas en el Perú.

En ese sentido, la iniciativa que presenta la ONPE, para que sea analizada y debatida en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, dispone que las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada, mediante:

Cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural, persona jurídica nacional o extranjera sin fin de lucro, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito, que no superen las 120 unidades impositivas tributarias (UIT) al año, las mismas que deben constar en el recibo de aporte correspondiente.

El organismo electoral considera como una medida necesaria y viable para lograr un financiamiento político más transparente el permitir que personas jurídicas con o sin fines de lucro puedan realizar aportes a nivel nacional, estableciendo límites a los aportes que puedan realizar, así como también impedimentos sobre algunas personas jurídicas que tengan vínculos contractuales con el Estado.

Igualmente, la propuesta legislativa sugiere mantener la posibilidad de que las personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro puedan realizar aportes, siempre que los mismos estén exclusivamente destinados a la formación, capacitación e investigación.

La propuesta es coherente con la legislación electoral vigente, presentando topes y limitaciones familiares en la legislación electoral peruana; además es coherente con los estándares internacionales sobre financiamiento de las organizaciones políticas especialmente en periodos de campaña electoral.

El seminario internacional, en el que participó el jefe de la ONPE, reunió a destacados expertos, representantes de organismos electorales, colectivos ciudadanos, académicos y periodistas para discutir y promover mejores prácticas en la transparencia e integridad del financiamiento político en la región.

Entre los participantes se encontraban Maritza Martínez, presidenta del Consejo Nacional Electoral (Colombia); Alfonso Campo Martínez, Magistrado del Consejo Nacional Electoral (Colombia); Roberto Salim-Hanna, subdirector de Partidos Políticos del Servicio Electoral de Chile (Chile); Marisa Cabral, Coordinadora de Asuntos Internacionales del INE (México); Delia Ferreira, expresidenta de Transparencia Internacional.

El evento tuvo como objetivo principal fortalecer los mecanismos de supervisión y regulación del financiamiento político, y fomentar una cultura de rendición de cuentas. Los participantes compartieron experiencias y estrategias, buscando establecer un diálogo constructivo que contribuya a la mejora de las democracias regionales, y suscribieron un acuerdo destinado a crear una red sobre financiamiento político en América Latina.