Patético el abrazo de la presidente Dina Boluarte al ministro del Interior Juan José Santiváñez durante una actividad oficial, no sólo por alejarse burdamente de los protocolos mínimos que debería respetar la funcionaria con más algo rango del país, sino por la evidente incapacidad del ministro, que no sólo no ha logrado reducir la acción del hampa, sino que ésta crece descontroladamente traspasando límites nunca antes visto, configurando una y otra vez actos de terrorismo urbano, cuya tipificación sólo ha sido avanzada hasta una aprobación en comisión del Congreso, sin que llegue a constituirse en ley.
Claro está, el Congreso pone por delante sus apetencias, como el favorecimiento a otras formas de delitos o la protección a sus hediondos integrantes.
En días recientes la delincuencia ha llegado al colmo de disparar contra buses de la empresa “Los chinos” en su estacionamiento, en plena calle y hasta les han dejado una granada de guerra a modo de amenaza.
En esta semana, en otro acto sin precedentes que sería escándalo nacional en otro país, dos bandas se disputan el cobro de cupos a transportistas de Comas y en señal de amedrentamiento la banda que busca desplazar a la que ya cobra cupos asesina a tiros a un chofer que cumplía su ruta regular.
El tan difundido asalto para robar teléfonos celulares, algunos de los cuales se realizan asesinando a sus dueños, continúa sobrepasando la cifra de cuatro mil diarios, modalidad incrementada en nuestro país desde la llegada del hampa venezolana.
El sicariato perpetrado por extranjeros y nacionales ha recrudecido y se perpetran homicidios en esta modalidad con mayor frecuencia.
Crece el número de cadáveres y partes humanas abandonadas de personas asesinadas en uno y otro lugar del país.
Se multiplica la cantidad de actos de extorsión, cobro de cupos y asaltos a pequeños negocios, al punto que afecta gravemente el crecimiento económico, pues los pequeños y medianos empresarios son quienes contribuyen más con la creación de empleo y parte de ellos se ven obligados a cerrar sus negocios.
Cifras publicadas este mes por la Defensoría del Pueblo advierten de un crecimiento del 13% en el número de niñas o mujeres desaparecidas, la mayoría de las cuales sería objeto de trata, esto en medio de la invasión de proxenetas y prostitutas venezolanos que se creen con derecho de convertir calles decentes en asquerosos prostíbulos, ante la inacción del Ejecutivo y el Congreso, que miran con complicidad a dicho tráfico criminal sin combatirlo, sin deportar a las prostitutas sin encarcelar a los proxenetas y sin crear un nuevo marco normativo que impida o reduzca la explotación sexual o la degradación moral voluntaria de estas mujeres.
No es coincidencia que en el Congreso, en años anteriores, hayan estallado escándalos de proxenetismo vinculados con legisladores de partidos que hoy cuentan con representación en el poder legislativo, y ya los procesos fiscales y judiciales de aportes ilícitos a dichos partidos nos muestran cómo se mueve el engranaje de las precoimas (que deberían ser tipificadas en el Código Penal, pero el hampa congresal lo impide): aportantes delincuenciales entregan dinero a cambio de prebendas futuras, si el partido gana la presidencia en contratos de obras y si consigue colocar parlamentarios en leyes con nombre propio o para que no se promulguen leyes que toquen sus intereses.
En este caos Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, justificó el respaldo de Boluarte a Santiváñez en el mencionado acto oficial, donde la mandataria le agradeció por su labor en la lucha contra la delincuencia, cuando en el último informe del INEI, la percepción de inseguridad ciudadana se incrementó de 82.6 a 86.1 %.
Así pues, vemos que el corto entendimiento de Boluarte y sus ministros escuderos se ve agravado con una ebriedad de poder que los hace sentirse capaces de proferir grandes estupideces pensando que la ciudadanía ha perdido su inteligencia. Lo peor es que ello es un signo de que no habrá enmienda en una materia tan seria que puede costar la vida y el patrimonio a una y otra persona a cada momento.
La única salida aparente es que la ciudadanía se organice y presione al Ejecutivo y el Congreso exigiendo acción contra el hampa. En este panorama tenemos las voces solitarias de los gremios empresariales demandando lucha efectiva contra la delincuencia en acción y leyes, mientras que las llamadas ONG de derechos humanos se sientan cómodamente en sus sillas remuneradas viendo impasibles cómo se violan los derechos elementales de los peruanos como son el derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.
