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La seguridad ciudadana requiere una respuesta articulada y firme del Estado, el sector privado y la ciudadanía, pero también demanda coherencia en las decisiones políticas y legislativas para no debilitar las herramientas de lucha contra la criminalidad organizada. Así lo sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios Fernández-Concha, durante la inauguración del Seminario Internacional «Seguridad ciudadana y crimen organizado en el Perú: Respuestas a la extorsión desde el Estado, el sector privado y la ciudadanía», organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Ante autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, empresarios y especialistas en seguridad, Barrios afirmó que el Perú atraviesa una situación crítica frente al avance del crimen organizado, la extorsión y la violencia que afecta diariamente a trabajadores, emprendedores, comerciantes y transportistas. Durante su intervención, remarcó que la inseguridad no solo representa un problema de orden público, sino también una amenaza para la inversión, el empleo, el crecimiento económico y la libertad de los ciudadanos.
“El Perú no puede seguir viviendo de rodillas frente a la delincuencia. No es aceptable que miles de peruanos tengan miedo de salir a trabajar, que los comerciantes sean extorsionados o que las familias vivan atemorizadas”, aseguró.
Para nadie es un secreto, dijo, que la delincuencia organizada opera con rapidez y capacidad de articulación, mientras que las instituciones del Estado continúan enfrentando dificultades para coordinar acciones eficaces. Por ello, «es indispensable fortalecer a la Policía Nacional y al sistema de justicia con tecnología, inteligencia y herramientas legales adecuadas para enfrentar esta amenaza», apuntó.
Rehén de intereses políticos
El presidente de la CCL señaló que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una verdadera política de Estado que trascienda gobiernos y coyunturas políticas.
En ese sentido, expresó su preocupación por las iniciativas legislativas que podrían debilitar el marco legal utilizado para perseguir a las organizaciones criminales y recuperar bienes obtenidos ilícitamente. “La seguridad de los peruanos no puede ser rehén de disputas políticas ni de intereses particulares. El país necesita decisiones coherentes con la gravedad de la situación que vivimos”, enfatizó.
Barrios recordó que la CCL ha expresado públicamente su preocupación por las denominadas leyes «procrimen» y por cualquier iniciativa que reduzca la capacidad del Estado para combatir al crimen organizado, la corrupción y las economías ilegales. En ese contexto, cuestionó que mientras millones de peruanos demandan acciones más firmes contra la delincuencia, algunos sectores políticos respalden modificaciones que podrían debilitar herramientas fundamentales para la persecución de organizaciones criminales y la recuperación de bienes de origen ilícito.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué posiciones adoptan sus representantes cuando se debate la lucha contra el crimen organizado. No basta con condenar la delincuencia en los discursos; el verdadero compromiso con la seguridad se demuestra cuando se legisla sobre herramientas que permiten enfrentar a las mafias y proteger a los ciudadanos y no cuando se decide con intención contraria”, sostuvo tras llamar la atención sobre la reciente votación de la Comisión de Justicia sobre cambios vinculados a la prescripción penal y la extinción de dominio; iniciativas que fueron respaldadas por legisladores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y un representante de Obras. Una decisión, dijo que la CCL considera no contribuye a fortalecer las acciones contra el crimen organizado.
En ese sentido, exhortó a todos los actores políticos a asumir con responsabilidad su rol en esta tarea, priorizando el interés nacional y la protección de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo político.
Reconocimiento a medidas
Barrios destacó las recientes acciones implementadas por el Gobierno para enfrentar la criminalidad organizada, entre ellas la conformación de las Fuerzas Combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la creación del Comando Unificado y la instalación de una comisión de alto nivel para coordinar la respuesta del Estado.
Finalmente, reafirmó la disposición de la CCL para seguir colaborando en la construcción de soluciones integrales frente a la inseguridad, aportando desde el sector privado capacidades de gestión, innovación y tecnología. “El sector privado puede colaborar y aportar, pero la conducción de esta lucha corresponde al Estado. Los peruanos necesitan resultados que se sientan en las calles, en sus negocios y en sus hogares”, concluyó.
