Comisión de Fiscalización del Congreso recomienda acusación constitucional contra el presidente Castillo por presuntamente encabezar organización criminal

La Comisión de Fiscalización aprobó el informe final de las investigaciones en torno a presuntos hechos irregulares que habría cometido el presidente Pedro Castillo, ministros de Estado y personajes del entorno presidencial en los casos denominados “Casa Sarratea y SBN”, “Puente Tarata III” y “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Injerencias ante el superintendente de la Sunat” y “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”.

La aprobación, decidida hoy jueves 30 en dicha comisión dirigida por el congresista Héctor Ventura Ángel (FP), quien sustentó el informe que abarcó 24 sesiones, entre ordinarias y extraordinarias, a las que asistieron 41 funcionarios y diversas personas en calidad de testigos y 13 personas pasaron a condición de investigados.

Según Ventura, se cumplió con el debido procedimiento parlamentario y con citar al presidente Pedro Castillo en cuatro oportunidades. “Hubiera sido importante que el presidente muestre principios de transparencia, honestidad y probidad y no excusarse en falsos argumentos carentes de sustento legal y pretender que la comisión pierda legalidad”, dijo.

El congresista Pasión Dávila (BMCN) presentó un informe en minoría el cual será debatido en una próxima sesión plenaria. Del mismo modo fue rechazada una cuestión previa plantea por el congresista Edgar Reymundo Mercado (CD-JPP) quien propuso que se vote por separado las recomendaciones referidas a las acusaciones constitucionales

SARRATEA

Sobre el Caso Sarratea, la Comisión de Fiscalización recomienda a la Comisión Permanente del Congreso de la República que formule acusación constitucional ante el Pleno del Congreso contra el presidente Castillo por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

Además recomienda a la Comisión Permanente del Congreso de la República que formule acusación constitucional ante el Pleno del Congreso contra el exministro, Juan Manuel Carrasco Millones, por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

Se acordó también remitir el informe a la Fiscalía de la Nación para que inicie las investigaciones que correspondan contra el presidente Castillo y los que resulten responsables, en mérito a los indicios razonables recogidos en el informe, por comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido en el cargo y enriquecimiento ilícito.

Una de las conclusiones indica que ha quedado corroborado que el presidente Castillo, en su condición de jefe de Estado, ha mantenido reuniones fuera del domicilio legal del despacho presidencial, en pasaje Sarratea N.° 179, distrito de Breña con exministros de Estado, congresistas de la República, funcionarios y empresarios con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública, en el contexto de una organización criminal.

También concluye que Castillo ha transgredido, en el ejercicio de sus funciones, la ley N.° 28024, que reglamenta y sanciona la gestión de intereses en la administración pública, y su reglamento, el cual indica que los servidores del Estado están obligados a mantener actualizado y accesible el registro de visitas y además regula la prohibición de los funcionarios públicos de atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional.

PUENTE TARATA III

En el caso Puente Tarata III, se propone a la Comisión Permanente del Congreso formular acusación constitucional ante el Pleno del Congreso contra el presidente Castillo, por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificados en el Código Penal.

La misma recomendación fue acordada para el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas.

La comisión propone denuncia constitucional ante el Pleno del Congreso contra el presidente de la República por contravenir el artículo 93, 97 y 118 de la Constitución Política.

Se propuso también remitir el informe a la Fiscalía de la Nación para que se pronuncie contra Castillo, en mérito a los indicios razonables por comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, negociación Incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

En las conclusiones el informe señala que está corroborado que, desde el 28 de julio 2021, Castillo lidera una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares que estaría enquistados en el Poder Ejecutivo y que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, valiéndose de información privilegiada en materia de contrataciones designación de funcionarios y otras facultades, habría cometido delito de colusión condicionando el otorgamiento de contrataciones a favor de determinados postores a cambio de beneficios de índole económico.

Esta organización criminal se encontraría vigente y por tanto su actual existencia y funcionamiento delictivo hace peligrar el debido esclarecimiento de los hechos.

Determina también que está corroborado que, para los fines delictivos de la organización criminal ,Pedro Castillo con Bruno Pacheco, Juan Francisco Silva, Fray Vásquez, Zamir Villaverde y Karelim López estuvieron relacionados para poder desviar los resultados de los diversos procesos de selección en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de diversas empresas. Hubo entre ellos una distribución de roles conjuntamente con otros funcionarios, personas naturales y personas jurídicas

Además, señala que está comprobado que la empresa TAPUSA, integrante del consorcio Puente Tarata, entregó sumas de dinero al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, por intermedio de Zamir Villaverde.