Contraloría señaló presunta responsabilidad penal y administrativa de exfuncionarios
La Contraloría General identificó un perjuicio económico al Estado por S/ 8 740 205 debido a pagos en exceso y sin sustento al componente de equipamiento bajo condiciones de entrega y recepción de bienes no previstas en la normativa aplicable, así como en el contrato, el mismo que fue modificado, lo cual favoreció al contratista en la obra de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento Jesús Guerrero Cruz, en la provincia de Huancabamba. Un total de 17 exfuncionarios del Gobierno Regional Piura (gestión 2019-2022) tendrían responsabilidad en los hechos.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 29187-2023-CG/GRPI-SCE, se advirtió que entre los años 2019 y 2020, la entidad pagó al consorcio por los adelantos de materiales números 1 y 2 que no correspondía. Además, efectuó pagos en exceso de partidas de equipamiento en el adelanto de materiales número 3 que ya habían sido reconocidos en los anteriores adelantos.
También se evidenció que la entidad habiendo otorgado al contratista los mencionados adelantos, equivalentes al 89.2% de monto contractual del componente de equipamiento, en diciembre de 2020 suscribió con el contratista la adenda número 11 al contrato, que modificó el procedimiento de pago para el componente de equipamiento de la obra, estableciendo que la valorización se realizaría como parte de las valorizaciones mensuales previstas en el contrato original, según lo cual ya no se efectuaría la valorización de equipamiento cuando se encuentre en obra, instalado y puesto en marcha; sino que se realizaría en un mayor porcentaje una vez puestos en almacenes de Lima o Callao.
Actas de entrega no suscritas
Bajo tales condiciones, al margen de la normativa de contrataciones aplicable, entre marzo y julio de 2021, cuando la obra reportaba un avance físico de 43.9% respecto al componente de infraestructura y de 32.9% de avance físico total, la entidad pagó por valorizaciones de obra por el componente de equipamiento en base a actas de entrega y recepción de bienes en almacenes de Lima y Callao que no fueron suscritas por representante alguno de la entidad y cuya existencia física no ha sido acreditada.
Incluso, el Gobierno Regional Piura no adoptó medidas correctivas, pese a habérsele comunicado los informes de Hito de Control N.° 9979 y 29130-2021-CG/GRPI-SCC de fechas 7 de abril y 6 de diciembre de 2021, respectivamente, mediante los cuales se advirtió que la modificación del procedimiento de pago ponía en riesgo el equilibrio económico contractual, además que las actas de verificación de los almacenes y equipamiento médico no se encontraban suscritas por un representante de la entidad alguno, poniendo en riesgo el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la finalidad pública del proyecto. Esta situación favoreció financieramente al contratista y generó un perjuicio económico al Estado.
Como resultado del control posterior, se identificó la presunta responsabilidad penal de 17 exfuncionarios. Por esta razón, se ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de las acciones penales en contra de los involucrados. Asimismo, se señaló presunta responsabilidad administrativa bajo la facultad sancionadora de la Contraloría en tres exservidores y administrativa entidad en cuatro exfuncionarios.
El informe fue notificado al titular de la entidad y está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.
En la actualidad, la obra de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento Jesús Guerrero Cruz o llamado hospital estratégico se encuentra paralizada.
