El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en el departamento de Piura para combatir la ola de criminalidad que azota a dicha región.
La medida comprende los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Sullana y Bellavista, así como las provincias de Paita y Talara, e incorpora disposiciones operativas, de inteligencia y fiscalización que refuerzan la intervención del Estado.
Para ese fin se publicó el Decreto Supremo 146-2025-PCM, con vigencia de 60 días calendario. La disposición incorpora medidas de control penitenciario y de telecomunicaciones ilícitas, control territorial con fuerzas integradas, acciones orientadas a una respuesta más rápida del sistema de justicia y operativos contra mercados ilegales vinculados a la criminalidad.
Entre las disposiciones se incluyen la restricción de visitas en establecimientos penitenciarios, el desmantelamiento de antenas de telecomunicación ilícitas y operativos de incautación de tarjetas SIM y celulares de procedencia irregular.
También se dispone el decomiso permanente de armas, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos, así como la recuperación de espacios públicos asociados a actividades delictivas.
Sesión permanente
La norma establece, además, la sesión permanente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Piura y de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Piura, Sullana, Paita y Talara.
Asimismo, dispone la conformación, dentro de las 24 horas de su entrada en vigor, del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y de comités de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación indelegable y un centro de coordinación permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La implementación de estas medidas involucra a diversas entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Transportes y Comunicaciones, la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, así como a los gobiernos regional y locales de las jurisdicciones comprendidas.
También participan entidades como el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, como parte de un trabajo articulado orientado a fortalecer la seguridad ciudadana y el orden interno.
Durante la vigencia de la medida, la PNP mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las FF. AA., y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito.
Acciones
La norma dispone que Iniciada la vigencia del estado de emergencia, el personal que participa del patrullaje u operativos no utilizarán equipos de comunicación de uso personal en aquellas operaciones que son comunicadas con carácter de reservado, y usan elementos para proteger su identidad en operativos especiales.
Dentro de las disposiciones complementarias finales figura que durante la declaratoria del estado de emergencia, el control de acceso a los establecimientos penitenciarios, de todas las personas, se realiza en presencia y con apoyo del personal policial y de las Fuerzas Armadas.
