El informe final del Congreso de la República sobre el escándalo de vacunación concluye que tanto el Ministerio de Salud (Minsa) y la Cancillería favorecieron al laboratorio Sinopharm de China para en la adquisición de sus vacunas, cuya efectividad ahora es cuestionada.
Según el documento, elaborado por la comisión que dirigió el parlamentario Otto Guibovich, se confirmó una estrategia para poner por delante a Sinopharm discriminando a los fabricantes de otras vacunas, incluso aquellas con las cuales se realizan ensayos clínicos en el Perú.
“Se ha determinado una estrategia de favorecimiento al laboratorio Sinopharm, dirigido desde el Ministerio de Salud, con la colaboración de algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante diferentes eventos que no tuvieron equivalencia para otros cinco ensayos clínicos fase III, que se están llevando a cabo en nuestro país; negativa en sí misma, en algunos casos implicó el empleo de recursos públicos”, señala parte de las conclusiones.
En cuanto a los protocolos de ensayo clínico, que deben seguirse según lo establecido, se determinó se realizaron modificaciones por pedido de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Además, resulta insólito que se haya aprobado un cambio en el protocolo para incluir una cláusula comercial. “El Instituto Nacional de Salud (INS) así como el Comité Transitorio de Ética, aprobaron un protocolo de ensayo clínico irregular que contenía una cláusula de negociación comercial futura con el laboratorio de SINOPHARM”, indica el informe.
Se precisa que Pilar Mazzetti, Cesar Cabezas (exjefe del INS), Carmen Ponce (directora de Digemid) y Mario López Chávarri (excanciller) tenían conocimiento de que la farmacéutica ofreció una cantidad de “vacunas de emergencia” para el personal del estudio y relacionados.
Sobre los costos de las vacunas, el informe menciona que son “considerablemente” mayor que el de otros laboratorios”.
