EL MINISTERIO PÚBLICO SOSTIENE que Johny Augusto Isla Cuadrado conocía desde 2024 la ocupación ilegal de las Pampas de Pajonal, una zona que forma parte del patrimonio arqueológico de Nasca. Pese a las advertencias y a una orden para proteger el área, las invasiones continuaron y terminaron afectando más de 64 hectáreas.
Las Pampas de Pajonal, en Nasca, fueron ocupadas progresivamente por personas que instalaron cultivos, construyeron viviendas, levantaron muros y abrieron caminos en una zona protegida por el Estado.
Para la Fiscalía, el avance de estas actividades no pasó desapercibido para el funcionario encargado de proteger el patrimonio arqueológico de la zona.
El Ministerio Público sostiene que Johny Augusto Isla Cuadrado, responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, conocía la situación desde 2024. Por ello, la Fiscalía considera que no habría cumplido de manera adecuada con sus funciones y ha pedido al Poder Judicial que lo suspenda temporalmente del cargo.
El pedido fue presentado por la fiscal adjunta provincial Mercedes Paola Sáenz Venero, quien solicita que Isla Cuadrado sea apartado de sus funciones durante un año, nueve meses y 23 días, mientras continúa la investigación por una presunta omisión de deberes.
La historia comenzó a quedar registrada oficialmente el 23 de septiembre de 2024, cuando Isla Cuadrado elaboró un informe después de una inspección en la zona. Allí dejó constancia de la ocupación de las Pampas de Pajonal y de la presencia de cultivos, actividades mineras y modificaciones que podían afectar los antiguos dibujos y caminos arqueológicos.
Dos meses después, el Ministerio de Cultura dispuso una medida de protección para el área. La orden establecía que debían detenerse las obras y retirarse las estructuras y máquinas que se encontraban dentro de la zona protegida. Sin embargo, según la investigación fiscal, las acciones no fueron suficientes para frenar la ocupación.
El 14 de diciembre de 2024, una constatación policial encontró que las actividades continuaban. Había cultivos, casas rústicas y muros de concreto dentro del área arqueológica.
Incluso aparecieron letreros con nombres como “Fundo El Rey”, utilizados para identificar espacios que se encontraban dentro del territorio protegido.
La situación siguió avanzando durante 2025. En marzo, una denuncia señaló que invasores habían ocupado la denominada Parcela 4 y utilizado el lugar para secar toneladas de ají páprika. Meses después, durante una nueva inspección realizada en agosto, se encontraron huellas de maquinaria pesada, excavaciones para pozos, nuevos muros y caminos.
Un informe posterior estableció la magnitud del daño: 641,552.7 metros cuadrados, equivalentes a más de 64 hectáreas, habían sido afectados. También se identificó un camino de casi cuatro kilómetros que atravesaba sectores donde existen geoglifos prehispánicos y parte del antiguo Qhapaq Ñan.
Para la Fiscalía, el cuestionamiento contra Isla Cuadrado no consiste en que haya desconocido el problema. Por el contrario, sostiene que conocía las invasiones, las había registrado y sabía que existían medidas para proteger el área, pero que estas no se habrían ejecutado de manera efectiva.
El Ministerio Público también considera que mantenerlo en el cargo podría afectar la investigación, debido a que tiene acceso a documentos y mantiene una posición desde la cual podría influir sobre trabajadores que eventualmente sean llamados a declarar.
Con información de Diario Uno, 08.09.2026
