Congresistas de diversas bancadas consideraron que el Parlamento deberá priorizar el debate de las iniciativas que plantean mecanismos de control político para las autoridades regionales y evitar que se promuevan medidas de protesta.
Para el legislador de Concertación Parlamentaria Renzo Reggiardo se debe encontrar un equilibrio que permita evitar que las autoridades regionales usen su cargo de manera personal y política.
Manifestó que el impulsar las inversiones es un “tema prioritario” para todo presidente regional, y rechazó que algunos de ellos expresen continuamente posiciones políticas que causan un enfrentamiento con el Gobierno Nacional.
“Los funcionarios públicos nos debemos a nuestros electores, no estamos protegidos y somos fiscalizados por el primer poder del Estado; pero en el caso de los presidentes regionales prácticamente están blindados y vemos que pueden cometer excesos. Tenemos que poner un alto a esta situación”, indicó.
Por su parte, el legislador de Fuerza 2011 Pedro Spadaro subrayó la necesidad de debatir la modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para poder vacar a los titulares de región que impulsen actos de violencia.
Indicó que ya no se pueden tolerar más las movilizaciones que privan del libre tránsito a la población con el bloqueo de carreteras, lo cual genera grandes pérdidas en los comercios del interior del país.
Dijo que se debe sancionar a las autoridades regionales que participen en motines o paralizaciones y que perturben el normal funcionamiento de los servicios públicos y el comercio.
A su turno, el congresista de Alianza Parlamentaria Daniel Mora dijo estar de acuerdo con toda iniciativa legislativa que busque un marco para delimitar las funciones de los presidentes regionales y así evitar algún tipo de exceso como se observa con el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.
“Se creen presidentes independientes y toman decisiones que la población no espera, cuando deberían usar las enormes cantidades de dinero que tienen en inversiones. Al igual que un ministro de Estado es censurado por su mala gestión, las autoridades regionales deben ser fiscalizadas para garantizar el bienestar de la población y la vida democrática en el país”, dijo.
