De mi especial consideración.
Un abrazo a los hombres y mujeres de la Nación.
Soy presidente regional de Cajamarca por mandato popular. He jurado continuar la lucha por una regionalización democrática, patriótica, con justicia social, que fortalezca la unidad de la patria, recupere competencias y profundice el proceso de descentralización con visión estratégica, productiva e integradora. La regionalización no es regalo de gobierno alguno, es una conquista de los pueblos por democratizar la economía, la política, el Estado y el poder, para que las rentas que se generan en las regiones se distribuyan con justicia y no por la fuerza e interés de la clase política dominante.
Apoyamos la elección del Presidente Humala porque se comprometió a gobernar de la mano con las regiones y municipios, prometió que seríamos partícipes del programa de la “Gran Transformación” (GT) para recuperar la soberanía de nuestros recursos naturales, porque con él terminarían los privilegios a las transnacionales. Nos dijo que la honestidad haría la diferencia enfrentando a la corrupción y la mafia, que las regiones tendríamos un verdadero canon y los impuestos a las sobre ganancias mineras serían una realidad.
Ha sido suficiente el conflicto “Conga”, proyecto de expansión de Minera Yanacocha (Newmont-Benavides–BM) para comprender la fragilidad de los principios y la magnitud de renuncia a los ideales. En menos de un año, el gobierno le ha dicho al pueblo peruano que la “GT es inviable, que nada de globos de ensayo, que se quiere un Estado pragmático, pequeño y ágil”, evidenciando la esencia del “nuevo” programa: el continuismo neoliberal, signado por el centralismo y expansión irracional de las actividades extractivas, sometimiento a los mandatos del FMI y BM. Es decir, hacer más de lo mismo, donde los compromisos con las transnacionales serán cumplidos, mas no los compromisos con el pueblo.
Los que perdieron las elecciones y han copado el gobierno —como la CONFIEP y sus socios— respiran tranquilos, seguros de que se mantendrá el status quo con una legislación ambiental minera y con políticas de concesiones favorables a las grandes transnacionales, mientras nuestras comunidades y sus poblaciones están desprotegidas, y los alcaldes y gobiernos regionales están excluidos porque todo se decide en las cómodas oficinas de Lima.
La resistencia de los cajamarquinos ha puesto al descubierto que los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) son documentos formales cuya sostenibilidad técnica es cuestionable, que el accionar de la empresas origina conflictos sociales, que no abordados oportunamente y en forma adecuada, originan protestas sociales como las que están sucediendo en la región y el país. En este escenario, la causa fundamental de este problema nacional es la Constitución de 1993, hecha y aprobada con fraude a la medida del gran capital y que el Presidente Humala ofreció cambiar.
Conciudadanos, cumplir mi palabra, ser coherente con la propuesta de gobierno regional, reclamar se reivindique la ética para la política y ponerme al frente de mi región para defender el derecho al agua, proteger las cabeceras de cuenca, demandar transparencia a la inversión privada, pedir que el presidente honre su palabra, y que las instituciones del Estado se fortalezcan y sean independientes del poder económico, me ha costado una decena de juicios, bloqueo de cuentas del gobierno regional, hostigamiento e intervención de la Contraloría General de la República, imposición de la policía y fiscalía anticorrupción, que han tomado el Gobierno Regional de Cajamarca con celeridad inusual, evidencian que su objetivo ya no es técnico, ni de acompañamiento para apoyar y transparentar la gestión; su objetivo es POLITICO, de amedrentamiento para justificar la denuncia infundada adelantando juicios de que Gobierno Regional financió las protestas y que sigue financiando la resistencia de un pueblo que ha decidido decirle no a la expansión minera irracional e irresponsable de la empresa norteamericana Newmont, demostrada en los últimos 18 años de operaciones en Cajamarca.
Por tanto, nos ratificamos en nuestra solicitud: que el presidente de la República y el Congreso elegido con el programa de la Gran Transformación honren su palabra, convoquen a la ASAMBLEA CONSTITUYENTE para que desde el Perú profundo se recoja el interés nacional y se elabore la NUEVA CARTA MAGNA para salvar la dignidad de la patria, y construir un Perú para los peruanos, con gobernabilidad, paz y justicia social. Pedimos que se resuelva el conflicto Conga declarando inviable al proyecto de la empresa Newmont, que no cuenta con licencia social, ni ambiental, pues su persistencia ha puesto en peligro la gobernabilidad de la región.
Denunciamos ante el Perú y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que, somos objeto de guerra sucia y persecución política al propio estilo Fujimori y Montesinos, que no callaremos jamás. La derecha y las transnacionales, con la fuerza económica y política que el capital les otorga, se han propuesto aplastarnos cerrando el debate para imponer los proyectos mineros más sucios del mundo: Conga y la ampliación de otros, siguiendo al pie de la letra las órdenes de los inspiradores de programa económico neoliberal. Exigirle al presidente Humala que honre su palabra, ponga en vigencia la Constitución de 1979 y convoque a una Asamblea Constituyente no es insurgencia, es ejercicio ciudadano; la derecha, la Confiep y sus operadores cierran filas para defender su constitución del 93, presionan a los poderes del estado; el Congreso presiona al Fiscal de la Nación para que nos procese por “apología a la insurgencia”, “rebeldía” y otros delitos,; igual ocurre con el encargado de la Defensoría del Pueblo, el TC, los cuales han terminado cediendo; estamos ante la confirmación de un régimen minero-autoritario que ha iniciado una persecución política contra los opositores al modelo, y resuelve los conflictos con métodos represivos que de seguro profundizarán la polarización del país.
Convocamos a las organizaciones sociales, sindicales y populares; a las fuerzas patrióticas progresistas y de izquierda a organizarnos para recuperar la Gran Transformación, reconquistar la democracia y los derechos sociales y políticos, construyendo para ello la unidad más amplia que nos permita generar confianza en el pueblo peruano y lograr cambios estructurales que desde hace décadas la patria reclama.
GREGORIO SANTOS GUERRERO
PRESIDENTE REGIONAL DE CAJAMARCA
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