Procuraduría Pública del MTC logró que se recusara a dos de los árbitros del tribunal arbitral que están investigados por el equipo Especial Lava Jato.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evitó que el Estado desembolse S/ 26.2 millones a favor de la constructora Aterpa S.A. Sucursal del Perú, la cual había interpuesto una demanda contra el Estado en el fuero arbitral.
La empresa, que estuvo a cargo del mejoramiento de la carretera Rodríguez Mendoza–Empalme Ruta PE–5N (La Calzada), en el tramo Selva Alegre, en Amazonas, reclamaba la cuantiosa suma citada como compensación económica por conceptos de mayores costos, resolución de contrato y presuntos daños.
El procurador público del MTC, David Ortiz Gaspar, informó que el tribunal arbitral acogió la posición de defensa del Estado y determinó que la Constructora Aterpa S.A. Sucursal del Perú incumplió sus obligaciones contractuales durante la ejecución de la obra.
El tribunal también declaró fundada la contrademanda de la Procuraduría Pública del MTC. En consecuencia, validó la resolución del contrato que efectuó Provias Nacional, órgano ejecutor del MTC.
En un principio, el tribunal arbitral estuvo conformado por Horacio Cánepa y Franz Kundmüller, ambos investigados por el Equipo Especial Lava Jato, en el caso ‘Arbitrajes a favor de Odebrecht’.
Por ello, la Procuraduría Pública del MTC solicitó el apartamiento de dichos árbitros a través de una recusación ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta entidad declaró fundado el pedido y el tribunal arbitral tuvo que reconformarse.
David Ortiz precisó que el nuevo colegiado arbitral ratificó la validez de la decisión del MTC de resolver el contrato por los incumplimientos contractuales por parte de la empresa, referentes a la presentación de pólizas de seguro conforme a lo requerido en el contrato, sustentación de la permanencia de su personal en la obra y el debido mantenimiento de las vías, entre otros.
“Se mantendrá la defensa jurídica de los intereses y derechos del Estado, que evitará que otras empresas recurran al arbitraje para lograr ventajas económicas que legalmente no les corresponde”, finalizó el funcionario.
