La Fiscalía tiene abierta una nueva investigación a Keiko Fujimori, conocida en el hampa judicial como “señora K”, por una red de aportes ilegales que comprende nombres falsos o prestado para encubrir a los verdaderos aportantes.
A cargo del caso se encuentra la Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos, que analiza el trasiego de S/1’309,770.00 en nueve meses, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de julio de 2021, según el semanario Hildebrandt en sus Trece.
Entre los hallazgos se advierte la entrega de dinero de gente sin capacidad económica para regalar la cantidad de dinero que hicieron a la campaña electoral de Keiko Fujimori.
Uno es un jubilado que realiza trabajos eventuales, Alejandro Saldarriaga, quien efectuó 17 depósitos, y un gerente de una empresa que no percibe más de S/ 5,000 mensuales, Edwin Tuesta, quien depositó 10 veces. Ambos entregaron S/ 27,350.00 en 27 depósitos de S/ 500 a S/ 1,100 de enero a marzo de 2021. Estos fraccionamientos y continuos durante un mes evidenciarían un patrón típico de “smurfing” (pitufeo), usado para burlar los topes de la bancarización.
El despacho de la fiscal Manuela Villa apunta a que este patrón irregular “evidencia una dinámica de aportación atípica, que carece de naturalidad económica y no se condice con una conducta espontánea, voluntaria o razonable de colaboración partidaria” y agrega que se trataría de una estrategia deliberada para disimular el origen del dinero sin “justificación económica visible” dada la capacidad económica de estos contribuyentes.
Alejandro Saldarriaga declaró ser gerente de una empresa de transportes, con ingresos entre S/ 4,500.00 y S/ 5,000.00 mensuales, pero no presentó documentación que respalde esa capacidad económica, y sus declaraciones patrimoniales son inconsistentes con el volumen de aportes registrados, en total S/ 18,350.
Edwin Tuesta Vásquez, jubilado desde 2020, señaló que sus ingresos eran informales y fluctuaban entre S/ 2,000.00 y S/3,000.00 mensuales, pero hizo diez aportes que suman S/ 9,000.00, cantidad inverosímil teniendo en cuenta sus posibilidades económicas, por lo que la Fiscalía indica que no es creíble que una persona en situación de retiro laboral y sin fuente de renta estable pueda disponer de esa cantidad de dinero en efectivo, de forma reiterada, para fines políticos. Por ello, los dos aportantes “habrían actuado como testaferros o frentes prestanombres”.
Nombres falsos
También se detectó un grupo de “aportantes” que niegan haber contribuido con cantidades, que, sumadas a los casos anteriores totalizan S/1’309,770.00, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de julio de 2021, ambas modadlidades de depósito habrían tenido el objetivo de encubrir a los verdaderos aportantes.
De ese importe, Fuerz Popular solo reportó a la ONPE un gasto de S/1’286,058.00 y presentó una lista de nueve personas aportantes en especie (bien o servicio no dinerario) por un total de S/38 500 entre junio y julio de 2021, pero ellos negaron haber aportado.
La lista comprende a Fabiola Merchor (S/11, 000); Katherin Torres (S/5,500); Omar Moreyra (S/3,300); Roberto Alarcón (S/1,100); César Labajo (S/1,100); Aparicio Almeida (S/1,100); Fredy Rojas (S/1,100); Stephan Reusche (S/3,200) y Jorge Gastelu (S/1,100), en total S/ 38,500.
Roberto Alarcón, Aparicio Almeida, Omar Moreyra y César Labajo declararon que no realizaron ningún tipo de aporte al partido, ya sea en dinero o bienes). Incluso, Jorge Gastelú dirigió una comunicación formal a la ONPE negando todo aporte o autorización.
La Fiscalía concluye que estas acciones generan “una sospecha concreta de simulación documental mediante la utilización de sus identidades sin consentimiento para legitimar operaciones económicas encubiertas”, sobre todo, teniendo en cuenta que los supuestos aportes en especie no cuentan con bancarización,i registro contable formal ni respaldo documental.
