Una vez más el Poder Judicial interviene poniedo en riesgp la seguridad nacional al ordenar trasladar a los cabecillas terroristas de la Base Naval del Callao a otros centros penitenciarios, donde no existen condiciones para garantizar que estos individuos estén bajo control total para evitar que hagan de las suyas.
La razón que aducen es una presunta falta de personal del INPE que garantice los derechos de los presos, como si se estuviese violando sus derechos en la Base Naval. Recordemos que estos grupos terroristas acostumbraban violar los derechos de muchas personas secuestrándolos, manteniendolos en cautiverio penoso, con torturas y hasta dándoles muerte.
No hay evidencia de un atropello de los derechos de estos presos en la Base Naval, por lo cual sorprende la desafortunada intervención del Poder Judicial
Ante esta situación, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, explicó que interpuso un Recurso de Agravio para revocar la orden judicial que ordena el traslado de cabecillas terroristas de la Base Naval a otro centro penitenciario.
Pérez Guadalupe, señaló que el Tribunal Constitucional (TC), en concordancia con sus sentencias anteriores, debe ser quien revoque la orden judicial.
«El Tribunal Constitucional, siguiendo su línea jurisprudencial, debe ser quien revoque la resolución judicial y declare infundada la demanda de Hábeas Corpus interpuesta por los accionantes. Eso esperamos», refirió.
La Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres, ordenó el traslado de los internos Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón y Peter Cárdenas Schulte (MRTA), así como de Óscar Ramírez Durand (Sendero Luminoso).
Argumenta que los referidos internos deben ir a un establecimiento penitenciario que cuente con «presencia activa» del INPE y «garantice los derechos fundamentales».
Frente a ello, el jefe del INPE expresó su sorpresa por esta decisión que representa una problema de seguridad nacional, considerando la situación de los reos comprendidos en la resolución.
Recordó que el TC, ante pedido similar realizado por Víctor Polay Campos, declaró «improcedente» el traslado.
«Por eso, llama poderosamente la atención la resolución de esta Sala, más aún teniendo en cuenta que este pedido fue declarado «infundado» en primera instancia por el 25 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima», indicó a Andina.
El INPE afirmó que es «respetuoso del Estado de Derecho» y la división de poderes, pero no comparte los fundamentos expuestos en la resolución de la referida Sala.
Advirtió además que dicha resolución sería un mal precedente judicial que posibilitaría a Vladimiro Montesinos Torres, Abimael Guzmán Reinoso y Florindo Flores Hala, formular pedido similares.
