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Entre todos estos defectos hay un punto que es el más serio, y es el relativo a las lesiones, particularmente, cuándo una lesión es leve o grave.
En primer lugar, la definición de una lesión grave da demasiadas ventajas a un agresor, porque se considera grave si la lesión ocasiona 30 ó más días de incapacidad, asistencia o descanso, de lo contrario es leve.
¿Qué quiere decir esto? Que debemos partir del principio que en un hogar o cualquier relación familiar o de pareja ningún tipo de violencia es aceptable. Por eso podrían considerarse lesiones leves a los hematomas menores en cualquier parte del cuerpo causados por ejemplo por una bofetada, un jalón de pelos y una patada leve, cuando no causen ningún día de incapacidad, asistencia o descanso.
Actualmente, según el Código Penal vigente, una lesión es leve cuando causa de más de 10 a 30 días de incapacidad, asistencia o descanso, donde la pena es no mayor que dos años. Así tenemos que los sujetos pueden constantemente propinar sóferas golpizas a sus mujeres: pateaduras, puñetazos, latigazos, pero como la lesión tiene que causar incapacidad por más de 10 días, los jueces no pueden sancionar por ello, lo cual es intolerable.
Hace falta un término medio: lesiones de mediana consideración, cuando la incapacidad, asistencia o descanso, sea de hasta una semana. Superado este tiempo, toda lesión debe considerarse grave, dada la circunstancia de haberse producido por el trato familiar y por la intencionalidad.
La penalidad debería ser cárcel efectiva, por lo cual la pena debería ser mayor que cuatro años, para que el agresor necesariamente vaya a prisión.
Malos jueces
Se criticó la acción del juez que determinó que el sujeto no merecía prisión por basarse en documentos defectuosos y no en la evidencia de la realidad, hecho que fue cuestionado por diversos magistrados.
Este es uno más de los casos que nos dicen que el aumento de sueldo a los jueces, que tienen sueldos de congresista, no sirvió para nada. Seguimos pagando por igual a malos y buenos jueces, lo cual debe hacernos pensar en la urgencia de establecer una escala única de remuneraciones en el Estado, donde se califique a los profesionales según sus méritos reales, la cual es una promesa incumplida de sucesivos gobiernos (ver Eluden homologación de servidores públicos).
