La subsidiariedad empresarial del estado y la constitución de 1993
Escribe: César Vásquez Bazán
El estado neoliberal entendido como estado-subsidiario y estado-gendarme
El autogolpe ejecutado por Fujimori en el Perú el 5 de abril de 1992 derogó el pacto social consagrado en la constitución de 1979 y aprobó en su lugar un estatuto legal que reorganizó la economía sobre la base de la dogmática neoliberal. Uno de dichos dogmas es la creencia en la subsidiariedad empresarial del estado.
¿En qué consiste la subsidiariedad empresarial del estado?
La subsidiariedad empresarial del estado es uno de los dogmas básicos de la ideología neoliberal. Se basa en el supuesto que el estado es ineficiente en materia empresarial y por ello no debe participar en la actividad económica de la nación, la que debe dejarse en manos de los empresarios privados.
De acuerdo con la creencia neoliberal, sólo por excepción y en forma subsidiaria, el estado puede participar en la actividad económica del país. El funcionamiento y dirección de la economía deben ser el resultado del desenvolvimiento de mercados libres en los que operen preferencial y masivamente empresas del sector privado.
¿Cuál es el dispositivo que en el Perú legaliza la subsidiariedad del estado?
Es la constitución neoliberal de 1993 aprobada por la dictadura de Fujimori. El régimen económico impuesto por dicho estatuto establece la vigencia del dogma de la subsidiariedad empresarial del estado. En la segunda parte de su artículo sexágesimo establece que “sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.”
¿A qué conduce la aplicación de la creencia en la subsidiariedad empresarial del estado?
En la práctica, conduce a una división de responsabilidades económicas y políticas entre los sectores privado y público.
El ámbito de acción del sector privado es el campo económico, en el que debe gozar de amplias libertades (libertad para invertir capitales, libertad para retirarlos del país, libertad para contratar trabajadores, libertad para despedirlos, libertad de establecer y operar empresas, libertad de cerrarlas, etc.).
Según el dogma subsidiario, el estado no debe entrometerse en la actividad económica privada ni como empresario ni implementando políticas intervencionistas.
Basándose en el credo subsidiario, las tendencias políticas de derecha rechazan cualquier intento estatal de regulación o control, como pueden ser la explotación pública de los recursos naturales del país o la creación de empresas estatales en sectores como la banca o el comercio exterior.
Para cumplir con la doctrina neoliberal de la subsidiariedad, ¿cuál debería ser la política económica del estado?
En el supuesto que el estado deba poner en efecto políticas económicas, éstas deberían limitarse a la defensa de las libertades económicas y a la protección del funcionamiento de los mercados. Los instrumentos de la política económica estatal que puedan operar sobre los precios –el sistema nervioso de la economía capitalista– deben asegurar que ellos se fijen por obra de las fuerzas del mercado, es decir por la interacción de la oferta y la demanda, sin participación del estado. Por esa razón, los precios deben ser “libres”, no debiendo el estado intervenir en su fijación.
De acuerdo con el dogma de la subsidiariedad empresarial del estado, ¿cuál es el ámbito de acción del sector público?
El ámbito de acción del sector público es el campo no económico. El estado debe encargarse de aquellas actividades que no sean atractivas para el empresario privado por su escasa o nula rentabilidad, o por su alto riesgo neto. Entre estas funciones se señalan las de defensa nacional, el mantenimiento del orden interno, la provisión y mantenimiento de un sistema judicial funcional al modelo, la vigilancia del cumplimiento de los contratos, y la provisión de obras de infraestructura.
¿Qué carácter adquiere el estado que acepta la vigencia del dogma de la subsidiariedad?
Con el transcurrir del tiempo, un estado que aplique la doctrina de la subsidiariedad empresarial y limite sus funciones a las actividades señaladas en el párrafo anterior adquiere el carácter de un estado-gendarme, dado que sus atribuciones fundamentales son, en lo fundamental, militares, policiales y judiciales.
Desde el punto de vista económico, el estado-gendarme es un estado-subsidiario, en el que los mercados supuestamente “libres” dirigen la economía. (En realidad, la hegemonía económica la detentan los grandes empresarios privados, extranjeros y nativos.)
Por eso puede afirmarse que el estado-subsidiario y el estado-gendarme son las dos caras de una misma moneda, a la que puede denominarse estado neoliberal.