El show de los sueños
La megalómana política cultural de Alan García.
El Presidente sueña y los ciudadanos pagan. Ese fue el modelo de gestión en materia cultural del segundo alanismo. El Gran Teatro Nacional lo evidencia. A diferencia de lo afirmado por García, su construcción demandó millones de soles del tesoro público, no formó parte de una planificación institucional y beneficiará sólo a una minoría.
Alan García regresó al Perú en el 2001 recitando “La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca. Diez años después dejó el poder haciendo lo mismo. Durante la inauguración del Gran Teatro Nacional invocó nuevamente el soliloquio de Segismundo pero para enmendarlo, diciendo que los sueños no sólo son sueños, “los sueños se hacen realidad”.
Algo similar dijo cuando entregó otra obra: “Hoy cumplo un viejo sueño que desde mi primera aventura presidencial estuvo siempre presente en mi voluntad, crear una Casa de la Literatura Peruana”. La alusión a sus sueños se repitió también al justificar la construcción arbitraria del llamado “Cristo de Pacífico” y el montaje de la Casa de la Gastronomía.
En política cultural García fue, pues, un soñador. Llevó a cabo sus fantasías pero sin consultar a los organismos competentes y/o haberlas planificado previamente. La Casa de la Literatura (2009), el convenio entre Radio Nacional y APDAYC (2009), la Casa de la Gastronomía, el Ministerio de Cultura (2010) y el Gran Teatro Nacional (2011), son proyectos que nacieron de iniciativas palaciegas, no de evaluaciones técnicas; continuando una tendencia personalista manifestada también durante el primer gobierno aprista.
En aquella oportunidad, el CICLA (Consejo de Integración Cultural Latinoamericana), la Medalla de Artes, Ciencias y Letras Inca Garcilaso de la Vega y el Concytec (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), entre otras acciones públicas, fueron promovidas directamente por Alan García quien, incluso, creó una oficina de asuntos culturales dentro de la presidencia de la República para llevar a cabo sus propias prioridades.
El problema, claro está, no son las obras mencionadas en sí mismas (excepto quizá el extraño convenio con APDAYC) sino el modelo de gestión pública que las engendraron. Uno en el que la voluntad del presidente prima sobre la de las instituciones especializadas; en el que se toman decisiones aisladas, fuera de una política orgánica sometida a planes y evaluaciones estratégicas; y en el que el incremento del prestigio personal a través del de la Nación es una motivación y no el desarrollo autónomo de los ciudadanos. Un modelo, en suma, megalómano más cercano al mecenazgo real del siglo XVIII, que a las políticas culturales contemporáneas.
El mejor ejemplo de ello se expresa en el Gran Teatro Nacional. Los planos de su construcción fueron recibidas por Cecilia Bákula, Directora del INC, cuando ya estaban hechos. A pesar de que se diga lo contrario, no fueron empresas privadas las que invirtieron principalmente en el proyecto, fue el Estado con S\. 260 987 855.62 millones, extraídos del presupuesto del Ministerio de Educación*. Y, cuando se ponga en funcionamiento, deberá generar sus propios ingresos porque no recibirá subvenciones, obligando a que sea gestionado en base a criterios orientados hacia la rentabilidad y no la equidad o bienestar social.
En otras palabras, el diseño del monumental edificio no surgió ni contempló la opinión de la entidad rectora de las políticas culturales en nuestro país. Peor aún, su financiamiento demandó extraer del tesoro público una cantidad seis, catorce y sesenta y cinco veces mayor que lo entregado al INC, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación en el 2010, respectivamente.
El sueño de García tuvo mayor prioridad que la inversión en un sistema de seguridad para proteger nuestro patrimonio bibliográfico del espolio, la elaboración de planes estratégicos nacionales o la construcción de obras de infraestructura más urgentes, como el reclamado centro de convenciones capaz de albergar a la Feria de Libro de Lima o Mistura. Ello, además, teniendo en cuenta que se acaba de reinaugurar un local del mismo perfil: el Teatro Municipal.
Encima, el sacrificio del dinero de todos los peruanos posiblemente no sirva para hacer accesible los servicios escénicos o promover la presentación de obras inclinadas hacia la innovación y el riesgo. Tal como lo demostraron los padres de la economía de la cultura, Baumol y Bowen, los espectáculos en vivo no pueden sostenerse sólo por la taquilla. Requieren de recursos externos, provenientes del Estado o el sector privado. El modelo de gestión del GTN aún no ha sido definido pero no existen planes para que reciba subvenciones como sucede con el Teatro San Martín de Buenos Aires o el Royal Shakespeare Company de Londres. Tampoco posee patrocinadores privados fijos: el Patronato creado por García se constituyó sólo para su construcción.
Lo más probable es que sea gestionado por una empresa privada en base a un sistema de financiamiento orientado hacia la rentabilidad. Por lo mismo, debido a los costos que demandará mantenerlo, será usado sólo para la difusión de óperas, conciertos o piezas teatrales convencionales, capaces de atraer públicos amplios; y lo disfrutarán principalmente quienes puedan pagar los altos precios que ineludiblemente deberán cobrarse para alcanzar el punto de equilibrio en las ventas. El objetivo, al menos formal, del Presidente fue democratizar la “alta cultura” pero quizá logre exactamente lo contrario.
Si en su primer gobierno Alan García fantaseó con ser revolucionario, en el segundo sus delirios lo acercaron al monumentalismo de Manuel A. Odría y al aristocratismo de Manuel Prado. En ese sentido, el Gran Teatro Nacional es en la práctica la materialización de una opción preferencial por los más ricos y por su ego, no por la mayoría de ciudadanos.
*El Proyecto de Inversión Pública (PIP) Nº 150803 “Construcción de Infraestructura nueva e implementación del Gran Teatro Nacional como eje de la cultura nacional ‐ Lima ‐ Lima ‐ San Borja”, señala que el costo total de la obra sería de S/.293,172,788.42.
El Patronato sólo cubrió aproximadamente S/.20,185,418.42. La mayoría de la donación privada (S/.18,285,240.13) sirvió para limpiar el terreno, financiar los gastos de ingeniería y hacer obras preliminares, de concreto armando y cimentación. La otra parte (S/.1,900,178.36) permitió costear las licencias de obra y pre-inversión.
El resto de recursos usados, S/.272,987,369.93, provinieron del presupuesto del Ministerio de Educación, tal como se puede comprobar con el Decreto de Urgencia #006 -2010 , que transfiere de dicha entidad al Ministerio de Cultura gran parte del monto: S/ 203 millones.
Esto según el PIP Nº 150803, ingresado al Banco de Proyecto del Sistema de Inversión Pública (SNIP) el 20 de abril del 2010. Posteriormente, el 09 de diciembre del mismo año, se promulgó la Resolución del Secretario General del Ministerio de Cultura #026-2010. Allí se resuelve aprobar el Expediente Técnico y Ejecución de la Obra con un monto de inversión de s\. 260 987 855.62 millones.
Sea como fuere, millones más o millones menos, Alan García le mintió al país. Reiteradamente resaltó el aporte de la empresa privada a la construcción del Teatro, ocultando que en realidad entre el 93% y el 94% de los costos de la obra fueron financiados con los recursos de todos los peruanos. Los funcionarios que asuman el Ministerio de Cultura durante el gobierno de Ollanta Humala deben tenerlo en cuenta cuando elijan su modelo de gestión. Éste, al formar parte de una obra pública, no pude dejar de orientarse según criterios de equidad y bienestar social.
