Irrefutable carrera armamentista chilena
Por Alfredo Palacios Dongo
Nuevamente se puso en debate el tema del armamentismo chileno. El pasado 24 de julio el ministro de Defensa peruano, Daniel Mora Ácuatro días antes de juramentar—, manifestó que el Perú no debería desarmarse unilateralmente por tener cinco fronteras y estar pendiente la resolución del diferendo marítimo. Luego, el 27 de julio, Rafael Roncagliolo —a un día de juramentar como canciller— sostuvo que el gasto militar chileno ha sido desproporcionado y los demás países tienen derecho a preocuparse.
La réplica chilena no se hizo esperar. El presidente Sebastián Piñera y el canciller Alfredo Moreno contestaron que Chile no está en ninguna carrera armamentista, que su gasto en defensa no es desproporcionado, y que no pretenden agredir a nadie. Además reiteraron que quieren transparentar y homologar los gastos militares con Perú, tal como lo hicieron con Argentina. Sin embargo, en ambos asuntos —armamentismo y homologación— están tratando de confundir a la opinión pública internacional.
En cuanto al armamentismo, habría que recordarles que desde el año 2000, con distintos proyectos —Alcázar, Fragata, Puente, Neptuno, Spica, Roma, Danubio, Fortaleza y Bicentenario— iniciaron una agresiva carrera armamentista adquiriendo, con gastos estimados en US$ 10,000 millones, unidades de combate ofensivas de última tecnología y armamento de gran alcance y poder destructivo, rompiendo el equilibrio estratégico en la región. Varios estudios e informes corroboran que desde el 2002 Chile registra los mayores gastos militares de la región, entre ellos, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, la Revista de Defensa Jane’s Defence Weekly y el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que en su último informe de marzo pasado asegura que Chile fue el principal comprador de armas en América Latina entre el 2006 y 2010.
Sobre la homologación de gastos militares, habría que recordarles que el año 2005 Perú y Chile suscribieron una “Metodología estandarizada común para la medición de gastos de defensa”, proceso que nunca se inició debido a la carrera armamentista chilena y la imposibilidad de determinar sus gastos militares, lo cual ya había sido advertido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe final sobre la metodología elaborada para Chile y Argentina en 1999, señalando que no era factible conocer o estimar gastos anuales del material bélico chileno debido a la ley reservada del cobre.
Bajo este panorama y aparte de este debate, lo que le compete al Estado peruano es garantizar la seguridad y defensa nacional asignando mayor presupuesto para modernizar y repotenciar las unidades de nuestras FF. AA., las que con 40 años de servicio en promedio, tienen su equipamiento desactualizado tecnológicamente y obsoleto, y por falta de recursos, su operatividad se encuentra seriamente afectada. Expreso, 06.08.2011.
